Ni los que mandan ni los que no en el Consell tienen autoridad moral para pedir más convenios ni más dinero a Madrid para acabar la carretera después de haber demostrado incapacidad plena cuando lo han tenido. Pero ahí están reclamando otro convenio, esa política circular o de herradura de dar vueltas sobre lo mismo.
El Ministerio ha dicho que se ha acabado esa fórmula, que se aplicó excepcionalmente en 2007 de convenios con cada consell cuando lo establecido era firmar con el Govern. Así se dio protagonismo al reconocer a las administraciones insulares como instituciones de la Comunidad y, por otra parte, evitó el recelo, justificado en general, de que el dinero destinado a Menorca pase antes por Palma.
Tanto esos 68 millones, de los que la mitad fueron a la variante de Ferreries, como los 15 que le sacamos poco después a Rodríguez Zapatero con el pretexto de lo que se llamó déficit estatutario, han tenido una gestión harto deficiente. A este segundo lote pertenece el frustrado centro de interpretación de la reserva en S’Enclusa, un dinero que se diluyó en gasto corriente del Govern de Antich en los primeros años de la crisis de 2008 y que luego hubo que devolver a Madrid. Algo parecido pasó en el Consell con los fondos de carreteras.
La decisión de Madrid de pagar los 20 o 22 millones restantes a través de las aportaciones presupuestarias que realiza al Govern es lo lógico, si se tiene en cuenta que es la administración balear la que tiene la competencia en carreteras y que el estado descentralizadoo está más que consolidado. Y también es el Govern el que ha modificado la ley correspondiente para tirar abajo los puentes sin cometer infracción penal y, por tanto, invertir en destrucción. Qué chasco para todo aquellos que pensaron que la política trataba de tender puentes, no de tirarlos.
