El Govern de Francina Armengol ha aprobado la primera ley de Educación de Balears y ha validado el decreto-ley de Turismo que ahora se transformará en ley, una vez superadas las fases de ponencia, comisión y pleno en el Parlament. Son dos textos normativos que carecen de consenso político y acuerdo social.

Por su parte, el gobierno de Susana Mora anuncia para el 11 de abril un pleno extraordinario en el que ejercerá la iniciativa legislativa con la aprobación de la propuesta de la ley «Menorca Reserva de Biosfera», cuya tramitación en el Parlament se solapará con la aprobación definitiva del nuevo Plan Territorial Insular, que ha exigido seis años al Consell.

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La regulación y ordenación de cuestiones tan capitales como la Educación y el Turismo demandan consensos amplios para garantizar que las leyes perduren y se apliquen, aunque haya cambios de gobierno. Y también hay que saber redactar y explicar el relato para convencer. Porque no basta con ganar la votación con mayorías mecánicas o circunstanciales, con formaciones que apoyan al Govern los lunes, miércoles y jueves, pero luego lo critican, risueños, los otros días de la semana.   

El PTI del 2003 ya se aprobó sin pacto social y político en Menorca. Acabó en los tribunales, porque no existió un relato coherente que lo sustentara, más allá del desarrollo sostenible, tantas veces invocado en vano; transformado hoy en la circularidad. Cuando el PTI del 2022 aún no está aprobado, la izquierda propone una Ley de Reserva de Biosfera de más de cien páginas para obtener cinco millones de euros al año, mientras que la Ley de Capitalidad de Eivissa, de siete páginas, ya garantiza la misma cantidad.

La agilidad y la transparencia no avalan la creación de una nueva Agencia Menorca Reserva de Transparencia ni una ‘autoridad consultiva’, que emitirá informes preceptivos, pero no vinculantes, a cambio de unas dietas cuya cuantía desconocemos.