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El 21 de enero de 2018 el titular que abrió la portada de MENORCA «Es Diari» fue «Los ‘hortals’ ilegales se han duplicado desde la aprobación del PTI» con un dato contundente: Pese a la prohibición, desde 2003 se han detectado treinta núcleos más.

Y en marzo del 2019 explicamos que después del evidente fracaso que ha supuesto el intento del PTI de 2003 de regularizar los ‘hortals’, la revisión del Plan Territorial introduce novedades importantes para eliminar la presión edificatoria  en suelo rústico y demoler las construcciones que no sean legalizadas. Con esta intención, el PTI dará dos años para presentar los planes especiales de núcleos rurales, instrumento urbanístico para regularizar estos asentamientos, que albergan hoy más del doble de viviendas (4.000) de las que inicialmente registraba el PTI de 2003.

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La redacción de estos planes correspondía a la administración para evitar la inactividad de los propietarios, pero en julio de 2021, el conseller Josep Pastrana, tras asumir las competencias en Territorio, declaró que «si los propietarios de los hortals no redactan los planes especiales, lo hará la administración y les pasará la factura». ¿Quién ha de redactar estos planes: el Consell y los ayuntamientos o los propietarios?

Los arquitectos de Menorca han propuesto legalizar una superficie construida superior a 90 metros cuadrados en los ‘hortals’ anteriores a 2013 cuando el Consell ha abierto más de 1.500 expedientes sancionadores a los 6.000 ‘hortals’ detectados en la Isla. Nos hallamos ante un conflicto de intereses, tal como denuncia la Associació d’hortals de Menorca, al confrontar el interés de una planificación urbanística racional del suelo con los intereses de los propietarios. El Consell no ha sabido resolver el problema que plantean estos núcleos rurales o asentamientos de edificaciones agrupadas en suelo rústico. Los criterios van cambiando y se sigue demorando la solución.