Dijo el lunes Juli Fuster, antes de presentar la dimisión como director general del IB-Salut a su esposa, la consellera Patricia Gómez, que desconocía el proceso judicial que la afectaba directamente al haber vulnerado el deber de abstención en unas oposiciones del IB-Salut a las que concurría su hija Mireia.

Pero dicen ahora, desde el Govern y concretamente el nuevo director general, Manuel Palomino, que conocían la existencia de esta demanda, o sea, que el procedimiento para el nombramiento de anestesistas funcionarios de la sanidad pública balear estaba judicializado, «pero no en este punto». ¿Quién dice la verdad: Fuster o Palomino?

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Lo cierto es que Juli Fuster infringió el código ético por su relación paterno-filial, lo que motiva la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears que condena al Govern porque el padre-director general de la opositora «no sólo no se ha abstenido, sino que ha decidido excluir a un competidor en el procedimiento selectivo en el que ambos participaban». Y Fuster atribuye a un ‘error administrativo’ lo que ha desencadenado su dimisión: «no me di cuenta de qué firmaba», cuando los jueces le recuerdan y le reprochan que la abstención era «su primer deber».

Los hechos son tozudos porque la sentencia del Tribunal Superior contradice la versión de Juli Fuster -un director general que fue nombrado por el Consell de Govern, y por tanto, también por su esposa consellera- al explicar que «en lugar de abstenerse, decidió actuar, empezando por solicitar al director general de Recursos Humanos un informe sobre el concreto proceso. Y ejerciendo como director general, desestimó el recurso de alzada interpuesto». Sostiene que no se dio cuenta.
¿Error administrativo o grandes mentiras? A Juli Fuster le han pillado en un caso de nepotismo. Ahora quien deberá dar explicaciones y asumir responsabilidas es la consellera.