De la misma manera que el conseller Juan Pedro Yllanes considera «lógico» que haya comercios con la luz encendida después de las 22 horas -como hacen los ayuntamientos de Ciutadella y Maó, y el Consell en la sede de la ciudad de poniente-, el conseller Martí March pide a los alcaldes que suspendan las ordenanzas municipales para aplicar el decreto que cubrirá la gratuidad de cuatro horas educativas en las ‘escoletes’ de Balears, pero no todas.
Todo ello a las puertas del inicio del curso 2022-2023. Y como este Govern se caracteriza por la precipitación, cuando ha tenido siete años para diseñar, redactar y dotar un buen plan para las escuelas infantiles, solivianta y subleva a los alcaldes, desconocedores del decreto que a ellos les corresponderá aplicar en sus municipios. Al mismo tiempo la Escola Catòlica de Balears denuncia «la improvisación de las medidas, lo que hace pensar en una decisión adoptada más por intereses políticos coyunturales y preelectorales». Y socios del PSOE como Més per Mallorca critican a la presidenta Armengol por «generar falsas expectativas al subvencionar solo cuatro horas diarias y tenemos que ver qué ocurre con el resto».
Las ocurrencias del conseller March, al instar a los ayuntamientos a adecuar o suspender las ordenanzas reguladoras de los precios de las ‘escoletes’ obliga a convocar y celebrar plenos extraordinarios durante el mes de agosto. El cobro de las cuotas a los padres de niños exige esta modificación, que debe ser aceptada por secretarios e interventores municipales.
En caso contrario, los ayuntamientos tendrán que adelantar el dinero. El conseller March les dice que espera pagar la subvención en septiembre, lo que aumenta su intranquilidad. La directora insular de Educación de Menorca, Leonor Berja (MxM), también critica la precipitación de este decreto y pide «tiempo para gestionarlo». ¿Tan difícil es hacer las cosas bien, sin pensar únicamente en mayo del 2023?
