La presidenta Francina Armengol dio a conocer ayer, en la réplica en el último Debate de Política General de esta legislatura, que el Govern gestionará durante el 2023 el mayor presupuesto de su historia. Asciende a 5.947 millones de euros, o sea, 771 millones de euros más.
Es el denominado ‘techo de gasto’, que incluye el factor de insularidad previsto en el Régimen de Balears aprobado en febrero de 2019 por PSOE y Podemos en la mesa del Consejo de Ministros, cuyas medidas fiscales se empezarán a aplicar en 2023. También incorporarán los presupuestos autonómicos del próximo año los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos Next Generation EU.
El REB es una ley que se debe desarrollar en todos sus conceptos y no puede quedar redudida en dos medidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora se nos anuncian 120 millones de euros anuales en inversiones durante cinco años cuando el déficit fiscal anual de Balears con el Estado suma 3.000 millones de euros anuales.
Pero no compensa los sobrecostes de la insularidad en Balears que provocan los precios más caros de España, con un impacto que empobrece las economías familiares y las empresas locales. E impide producir y competir en igualdad de condiciones que en la península.
No somos región ultraperiférica, como Canarias, pero somos región insular como el archipiélago atlántico, y necesitamos mecanismos que reduzcan eficazmente estos sobrecostes. El segundo paquete de estas medidas fiscales son las deducciones del impuesto que pagan las empresas en caso de obtener beneficios. Y en Balears estas empresas son, en su mayoría, las hoteleras, que verán reducida su carga tributaria. ¿Cuál es, preguntamos, la relación con la bonificación de la insularidad?
Los autónomos también se verán beneficiados con estas deducciones, siempre y cuando inviertan. Pero, ¿en qué?
