Son hechos probados, como se dice en lenguaje judicial, que la consellera de Movilidad no dimitió por problemas de salud sino que fue cesada por la presidenta a propuesta del partido de aquella, Més per Menorca. Se la mandó a casa con explicaciones ficticias y se la hizo responsable de una parálisis que nace en el anterior mandato de las decisiones tomadas en conmandita por la peña a la que se unió en las últimas elecciones.
En defensa de su imagen y trayectoria en el departamento que más titulares ha generado desde 2015, Gomis acusa directamente a sus directores insulares de escaquearse del trabajo sin justificación. Estos callan porque probablemente es una polémica que no les conviene y porque el abrigo que proporciona la nómina es más valorado.
Montse Morlà, a quien estimulan los retos deportivos, ha asumido el relevo en una tarea a la que previamente habían renunciado otros cuatro que la precedían en la lista. Se ha encontrado con una obrita adjudicada y un presupuesto exiguo porque su equipo prefiere dedicar el dinero a la Menorca Talayótica, las subvenciones y el control de los fondeos sobre las praderas de posidonia. Cada cual, cuando gobierna, tiene sus prioridades.
La manida excusa que apunta a Madrid como culpable de la falta de financiación se escurre entre los discursos, no quedan ya más que los posos. Si algo ha demostrado el Consell es incapacidad para gastar el dinero de su presupuesto. Desde que Joana Barceló firmó a finales de 2007 el convenio con el Ministerio de Fomento para corregir el déficit histórico en infraestructuras han transcurrido tres lustros.
Los que tengan memoria de lo vivido desde entonces pueden poner nombre y apellido a quienes por acción y, sobre todo por omisión, tienen parte en el desaguisado. ¿Es cierto que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece?
