La aplicación de las medidas fiscales del Régimen Especial de Balears constituye una asignatura pendiente desde febrero de 2019, cuando el nuevo REB fue aprobado en el Consejo de Ministros por PSOE y Podemos.
El Govern lanza las campanas al vuelo al referirse la presidenta Armengol a «esta reivindicación de impacto histórico» y la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Pilar Costa, proclama que «con el anuncio de la parte fiscal del REB se hace realidad una reivindicación histórica para la ciudadanía de Balears».
Los cuatro medidas que «serán fuente de progreso, prosperidad y bienestar compartido», según los folletos a todo color editados por el Govern, consisten en blindar y mejorar el derecho a la movilidad, acelerar la transición y la soberanía energética, más inversiones con el Factor de Insularidad, y un régimen fiscal para empresas y autónomos.
Vayamos por partes. En materia de movilidad se alude al descuento del 75 por ciento para residentes, que el Gobierno Rajoy incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y que fue la primera medida cuestionada por el ministro Ábalos al llegar el PSOE a La Moncloa.
Las inversiones del Factor de Insularidad son un cambalache, porque al mismo tiempo el Govern renuncia a las inversiones del convenio de carreteras. O sea, lo comido por lo servido.
En el apartado de transición energética incluyen los planes de Red Eléctrica 2021-2026 que ha eliminado el segundo cable eléctrico Menorca-Mallorca. Y para empresas y autonómos se prevén «reservas de inversiones» y un «régimen especial», cuya aplicación efectiva desconocemos, así como a quiénes podrá beneficiar.
Y todo ello con fecha de caducidad, el 2028, cuando Balears seguirá siendo región insular con unos sobrecostes que penalizan a las familias y empresas locales. No se puede utilizar el verbo ‘blindar’ porque las leyes se derogan y modifican. El cuento de la lechera con un cántaro vacío.
