Es evidente que los políticos independentistas que organizaron el referéndum del 1-O de 2018 incumplieron la ley. Fueron condenados por sedición, un delito que desaparece y se transforma en el de desórdenes públicos agravados, con penas que se reducen a la mitad. Pero hay otros desórdenes públicos agravados de los que los políticos parecen gozar de inmunidad, como se ha visto en los últimos días.

El PP incumple la Constitución y rompe el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Utiliza en ese momento la excusa del delito de sedición, cuando parece evidente que su objetivo es esperar a las elecciones y si consigue gobernar renovar el CGPJ de una forma más próxima. Ya se sabe que la política se acaba ejerciendo en los juzgados.

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Después, Pedro Sánchez carga al PP de razones al aceptar revisar el delito de sedición en el marco de la negociación de los presupuestos. Incluso deja que Félix Bolaños deslice que otro delito, el de malversación, puede ser objeto de enmiendas en la reforma del Código Penal. Crean un desorden público. Se puede entender que hay razones jurídicas para esos cambios pero a corto plazo es evidente que son un traje a medida para el acuerdo presupuestario con ERC y la desinflamación del conflicto catalán. Quizás Sánchez confía que el Mundial y la Navidad le sirvan de cortina inífuga, pero ha dado munición estratégica a la oposición en la operación de asalto democrático a la Moncloa, que todas las encuestas, menos la del CIS, le pronostica opciones de éxito.

El colofón de esta semana de agitación y desorden ha sido la contumaz metedura de pata de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la ley del «solo sí es sí». En lugar de reconocer el efecto no deseado de reducciones de condena y salidas de la cárcel de condenados por violación o agresión sexual y buscar soluciones, acusa a los jueces de fachas y machistas.

¿No debería haber una norma que penalice tantos desórdenes de nuestros representantes públicos, agravados por los intereses sectarios de los respectivos partidos?