Es curioso lo que ha conseguido este gobierno en la celebración del 8-M, el Día Internacional de la Mujer. Ha hecho desaparecer la necesaria ambición plural del arco parlamentario con la que incidir en la búsqueda de la igualdad total entre géneros, y en cambio ha escenificado en el Congreso su propia ruptura interna.
La separación ha llegado a propósito de una ley del Ministerio de Igualdad que debía proteger a las víctimas de agresiones sexuales y maltrato, pese a que los datos reales sugieran lo contrario.
PSOE y Unidas Podemos están en el epílogo de la relación tóxica que han sostenido por pura conveniencia durante esta legislatura.Pero en ese trance han provocado demasiados efectos colaterales en su indisimulada ambición por apropiarse de la causa feminista.
El Día de la Mujer ha divorciado a este matrimonio de papel que no tenía más fundamento que la cálida moqueta bajo los pies perseguida por sus cónyuges.
La malograda ley de Irene Montero ha acabado por rizar el rizo del Ejecutivo hasta que ha tenido que rectificarse a sí mismo ninguneando a la ministra y sus compañeros de partido que fueron los impulsores de la anormal norma. Suena extraño pero así ha sido.
Los socialistas acabarán corrigiendo la aportación estelar de Unidas Podemos a este mandato gracias a los votos de la oposición en lo que puede interpretarse, incluso, como un pacto de estado entre las dos grandes formaciones. Ese será el remedio para acabar con el desaguisado perpetrado por el equipo de la ministra, enrocada en una posición casi infantil al no admitir el más mínimo error pese al goteo constante de agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas gracias a esa ley. «Efectos no deseados», como ha dicho Pedro Sánchez en un eufemismo absurdo de lo que es un error clamoroso.
No es que el PSOE haya ganado el pulso a Podemos, es que no ha tenido otra solución para evitar que el ‘solo sí es sí’ le pase una factura electoral todavía mayor.
