El músculo que todavía conserva el campo insular fue constatable en la feria de Alaior del pasado fin de semana. A pesar del cambio de modelo económico que de manera implacable va apartando a dos de las principales actividades del sector primario de la Isla, la agrícola y la ganadera, su gente aún resiste.
Por necesidad y también por vocación, payeses y propietarios mantienen las explotaciones a toda costa, y a decir de la calidad de los productos que elaboran y comercializan, está claro que realizan un trabajo a conciencia como antaño cuando este sector era el sostén de Menorca junto al calzado y la bisutería.
Ese esfuerzo que no se puede rebatir debería merecer otro trato por parte de la administración en lo que se refiere a la generación de recursos que oxigenen su complicada subsistencia. Por ejemplo, ¿por qué el campo no es también un beneficiario directo del Impuesto del Turismo Sostenible, la ecotasa, cuando la imagen que proyectan las fincas en plena o media actividad son otro reclamo de primer orden para quienes nos visitan o se disponen a hacerlo?
La Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias (Agrame), en una iniciativa compartida por todo el sector, clama desde hace tiempo por una excepción a la moratoria, una flexibilidad a las restricciones que permita a propietarios y payeses añadir a las fincas la condición de alojamiento turístico en cualquiera de sus versiones. Sería otra fuente de ingresos más que necesaria para frenar la pérdida de llocs dedicados prioritariamente a sus actividades originales. Así se lo han trasladado a las formaciones políticas para que lo consideren en sus programas de cara a las elecciones.
Es, por tanto, el momento de aprovechar el ‘buenismo’ previo de los comicios en el que ningún político se atreve a negar cualquier reivindicación que le llega, aunque posteriormente no pueda cumplirla, para insistir en una demanda que tiene sentido y está más que justificada por mucha moratoria que exista.
