Sánchez, no es Milei

Hoy no hablo del caso Tito Berni, ni de la trama Koldo, ni del «Delcygate», ni de los negocios oscuros de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Tampoco hablo de la trama de presunta corrupción que comienza a destaparse en torno a la figura del hermano de Pedro Sánchez y la Diputación de Badajoz.

Hoy, comparto la indignación e impotencia que cada vez más ciudadanos sentimos al ver las decisiones que toman 7 de los 11 miembros del Tribunal Constitucional. Un tribunal que ha decidido anular condenas por malversación y prevaricación a cargos socialistas de la Junta de Andalucía que aprobó unos ERE falsos y con los que se subvencionó a todo el entramado clientelar del PSOE en dicha comunidad autónoma, a sindicatos como UGT o CCOO y no digamos las fiestas con prostitutas y cocaína que tampoco faltaron. En total, cerca de 400 millones de euros que a la mayoría de izquierdas del Tribunal Constitucional nada le importa.

Para concluir, quiero reproducir textualmente el Art. 22 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: «los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma». Es decir, el Tribunal Constitucional no puede seguir al servicio de corruptos del PSOE para anular parte de sentencias que además otros órganos de la judicatura (con más imparcialidad que la que están demostrando tener) han emitido y como son en este caso la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla y el Tribunal Supremo.