La transferencia de las competencias de Costas a Balears, que aceptó el anterior Govern del Pacte, es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer en política.
Un cambalache lesivo para las Islas que sigue utilizando el Gobierno PSOE-Sumar para extorsionar a esta comunidad. En julio de 2023 entró en vigor el acuerdo suscrito por la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta Francina Armengol, para formalizar un traspaso competencial concertado detrás de las bambalinas, sin luz ni taquígrafos.
Era, y hoy se constata con más evidencia, que fue un acuerdo mal negociado, mal dotado y discriminatorio para Balears que no se podía aceptar ni firmar. El Govern debía, sobre el papel, asumir la plena gestión de 1.500 kilómetros del litoral balear, pero se hizo mal y acabó muy mal.
Como advirtió Avel·lí Blasco, catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, el Estado fue muy mezquino porque el cuco Gobierno de Pedro Sánchez se quedó con el cobro del canon por la ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre de Balears, mientras que los ayuntamientos solo perciben un diez por cien.
Aquel indigno chanchullo perpetrado en 2023 reporta doce millones anuales a las arcas del Gobierno central. De ahí el inmenso cabreo del conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, cuando reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que invierta aquí lo que gana aquí y se lleva caliente. Los ingresos para el Estado han aumentado un treinta por cien mientras el Govern ha de destinar sus recursos a una competencia con la que Madrid hace caja. Además, el Estado se reserva la última palabra sobre Costas en Balears.
La entonces consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, lamentó que «no hayan llegado todas las competencias que queríamos». Faltó mucha finezza y el Govern PSIB-PSOE se achantó ante el Gobierno PSOE-PSOE. Esta mala transferencia debe ser devuelta y renegociada.
