El tufo emana de la treta del líder del PSOE de Extremadura para cargarse el principio de isonomía que la Antigua Grecia veneraba. No cuela que Gallardo siempre quisiera ser diputado, uno más de entre 65, en vez de ocupar -y aquí sí encaja bien el verbo ostentar- el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz. Su dimisión no engaña a nadie; está claro que busca ser aforado ante la Justicia, lo que aún aporta más hedor y genera más sospecha por aquello de que quien algo teme, algo esconde. Y luego hay que sumar la hipocresía de proponer la eliminación de este privilegio tras obtenerlo exprés para sí mismo. Uno no deja de ser el mandamás provincial por nada.
Esta prerrogativa de los políticos para ser juzgados en tribunales superiores y no en juzgados ordinarios, que recoge la Constitución en su artículo 71, supuestamente tiene su base en la protección de las instituciones frente a posibles denuncias infundadas y persecución política arbitraria, pero reconozcamos que es un anacronismo que atenta contra el principio de igualdad y transparencia. El aforamiento, en la práctica, es un privilegio que genera desigualdad y socava la confianza en el sistema judicial.
En Balears se dio un paso al frente con la reforma del artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobada en 2018 y con entrada en vigor en 2022, que suprimió el aforamiento de los diputados del Parlament y de los miembros del Govern. De esta manera, su inculpación, prisión, procesamiento y juicio ya no es decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sino que es competencia de la jurisdicción ordinaria, tanto en asuntos penales como civiles.
Es lo que toca. Porque, en una sociedad que se precia de ser democrática y de garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley, ¿es compatible la existencia de un privilegio judicial que distingue entre ciudadanos de a pie y políticos? Es una simple cuestión de equidad y coherencia. En realidad, no debería preocuparnos que se encargue un tribunal u otro, porque la justicia debería funcionar con contundencia e imparcialidad, pero la estratagema para el cambio, el desmedido interés, genera gran desconfianza. Parece una vía para dilatar procesos o recibir un trato preferencial y más beneficioso.
Iré más allá: la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de las funciones de los diputados y senadores debería eliminarse también, porque todo sujeto es responsable de sus actos y expresiones. Lo mismo respecto a su inmunidad, que se presenta como garantía de la independencia del Parlamento, convertido en juez y parte.
Debería acometerse una reforma más profunda que elimine el tratamiento judicial privilegiado para todos los políticos, incluido el presidente del Gobierno, dejando el fuero especial solo para los que realmente requieran una protección esencial para evitar presiones, como jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones. Los políticos deberían recordar que su ascenso al palco institucional solo es mérito del votante. Y el nepotismo, la prevaricación y el tráfico de influencias debe castigarse sea quien sea el ejecutor o el instigador, e incluso con mayor contundencia por aprovecharse de cargos a los que la confianza de la ciudadanía elevó.
