Las diferentes comisiones que emanan del Parlamento Europeo definen los destinos de buena parte de la productividad que generan los 27 países integrantes de la Unión.
Esas directrices que pueden alcanzar el rango de norma, en demasiadas ocasiones, entran en una colisión frontal con los intereses de quienes se fajan a diario para salir adelante. Es el caso, por ejemplo, de ganaderos, agricultores y profesionales de la pesca, constantemente mediatizados por el crecimiento de la burocracia en los trámites a cumplimentar para obtener licencias y subvenciones y en las imparables restricciones al trabajo del que dependen sus familias. Que se lo digan a los pescadores de arrastre en Menorca y Balears a quienes progresivamente acortan los días en que pueden salir a faenar.
Lo hacen sesudos políticos que han encontrado feliz acomodo en el edificio de Bruselas y en la sede del Parlamento, en Estrasburgo, tras una carrera, en muchos casos, venida a menos en sus instituciones nacionales. Ahí han estado o están José Ramón Bauzà e Irene Montero, exponentes diáfanos de ese destino dorado y tan generosamente retribuido para asumir pocas o ninguna responsabilidad.
Recorren pasillos arriba y abajo, sonríen a la cámara e integran decenas de comisiones para establecer conclusiones más que discutibles, en no pocas ocasiones. Una de ellas estima injustificado que se declare la Obligación de Servicio Público en la ruta entre Menorca y Barcelona. Lo justifica porque hay suficientes aviones, compañías y frecuencias, indica, cuando de noviembre a mayo estamos a merced del monopolio de Vueling.
Aceptando que una OSP en la ruta podría encarecer las tarifas más baratas en los vuelos que más consumimos los menorquines, los eurodiputados deberían establecer una alternativa que prosperase, no solo como opción, para evitar de una vez el abuso de precios en las fechas de mayor demanda y asegurar que un residente pueda volar cuando quiera a un precio razonable. A ver si es en Europa, porque en Madrid...
