Hace tiempo que los jóvenes de Balears se despiertan con la sensación nítida de falta de oportunidades, de falta de futuro. No es un problema menor. Al contrario, es la clave de nuestra supervivencia como sociedad. El asunto coincide con el éxodo, cada vez más acentuado, de miles de licenciados a otros países donde su valía se premia, en vez de ignorarse o castigarse, como ocurre aquí. En paralelo, la enloquecida deriva de los precios de la vivienda provoca que, aunque uno trabaje y ahorre, se vea incapaz de acceder a eso que entendemos como un derecho o, al menos, como un bien esencial y que las autoridades también prefieren ignorar. Dicen las estadísticas que, pese a ello, las ventas se multiplican y el mercado vive una nueva burbuja imparable. La pregunta obvia es ¿quién compra a ese precio?
Más cuando las cifras revelan que al menos un tercio de las ventas se realizan al contado, sin necesidad de una hipoteca. Es decir, detrás de esa maniobra o bien hay pijos que ven en el inmobiliario un dulce activo para exprimir a la gente con alquileres desorbitados –dudo que haya tantos pijos a nuestro alrededor– o bien los compran empresas –me inclino por los fondos buitres, siempre ávidos de más y más– con el afán también de comercializar alquileres o dejar los pisos a la espera de que los precios sigan al alza y puedan especular tranquilamente. Es una reflexión estéril, porque nada de eso va a cambiar por mucho que pataleemos. Quienes redactan las leyes saben bien lo que hacen y al servicio de quiénes están. Y es absolutamente diáfano que no somos nosotros, ni siquiera la generación que debe llevar el país adelante. Al contrario, lo que hacen es torpedearla.
