La reciente subida de tarifas en los vuelos entre islas impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez supone una nueva bofetada a los ciudadanos que vivimos en Balears, que contamos con muy pocas alternativas para desplazarnos. Esta medida no solo evidencia la preocupante desconexión del Partido Socialista con la realidad y las necesidades específicas de quienes vivimos alejados del territorio peninsular, sino que representa un agravio directo a nuestros derechos más básicos como ciudadanos.
Para los menorquines, el transporte aéreo no es un lujo ni una elección, es una necesidad, una herramienta básica para ir trabajar a Mallorca o Eivissa o para acceder a servicios sanitarios, la educación universitaria, o simplemente para viajar por gusto. Cada euro adicional en el precio de un billete supone una barrera más para miles de familias que necesitan desplazarse con frecuencia entre islas.
¿Cuántos estudiantes universitarios viajan constantemente fuera de la isla? ¿Cuántos menorquines han de ir a Mallorca por temas médicos? Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde es más necesario que nunca salir de Menorca y, sin embargo, el Gobierno central no solo no facilita esta movilidad, sino que la dificulta todavía más.
Primero, no aumentando las plazas en la OSP Menorca-Madrid tal y como llevamos pidiendo los menorquines hace años, y ahora, además, encareciendo los billetes para ir a Mallorca y Eivissa. ¿Qué clase de sensibilidad demuestra un Gobierno que penaliza constantemente a quienes ya de por sí sufren las consecuencias de la doble insularidad?
Desde el Partido Popular ya advertimos que algunas decisiones del Ejecutivo socialista van a afectar gravemente a la conectividad. El impago de cientos de millones por el concepto de descuento de residente, la obsesión por aumentar la presión fiscal para combatir emisiones, tendrán un impacto directo en los precios de los billetes de avión. Y preocupa especialmente la incidencia en muchos trayectos interinsulares, en los cuales simplemente no existe una alternativa.
Subir precios en un contexto económico sumamente delicado, en el que la inflación sigue afectando duramente a las economías familiares, es simple y llanamente un despropósito. Aumentar los costes de transporte es un golpe directo a los bolsillos de la clase trabajadora insular, que ya afronta un sobrecoste estructural por su condición geográfica. Los residentes en las Islas merecen el mismo trato que cualquier otro español. Y este trato empieza porque el Gobierno central garantice una conectividad en condiciones dignas y asequibles.
Resulta paradójico que un Gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia, que presume de promover la cohesión territorial, tome decisiones que fragmentan todavía más el país como esa subida de tarifas. Esta última medida del gobierno de Pedro Sánchez es solo un símbolo más de su falta de compromiso con la España no peninsular. Y mientras, el PSOE de Menorca y de Balears calla, no vaya a ser que incomoden al jefe supremo. Primero, Sánchez, luego los menorquines.
Los ciudadanos de las Islas merecen respeto. Merecen ser escuchados. Y merecen que su voz pese tanto como la de cualquier otro ciudadano del Estado.
