El Congreso Nacional del Partido Popular debe ser el gran revulsivo de la política española, la plataforma desde la cual se articule una alternativa ética, patriótica, reformista y regeneradora. No se trata únicamente de ganar unas elecciones, sino de reconstruir una nación que ha sido fracturada por la negligencia, el sectarismo y el oportunismo. Como enseñaron los griegos clásicos, la buena política no es el arte de manipular masas, sino de guiar a la polis hacia el bien común con justicia, prudencia y coraje. España merece ese liderazgo.
Para mí, el congreso nacional no solo debe tener carácter organizativo, sino también doctrinal e institucional. Debe convertirse en el marco adecuado para una declaración de intenciones y una reafirmación de nuestra vocación de gobierno al servicio de España, la Constitución y los valores que nos definen y todo ello en base los tres Principios Inmutables del Partido Popular.
Primero: Liberalismo Social y Economía de Mercado con rostro humano, como base de su política económica. Esta consiste en defender una economía abierta y social de mercado, en consonancia con el artículo 38 de la Constitución.
Nuestro modelo debe sustentarse pues en la iniciativa individual, el respeto a la propiedad privada y el incentivo al emprendimiento, pero sin renunciar al deber del Estado de garantizar una equidad básica para todos. Para hacer esto realidad, hay que apostar por una fiscalidad moderada, justa y orientada al crecimiento; por la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE), con presupuestos de base cero; por una estructura laboral competitiva, que reduzca los costes para pymes y autónomos; y por una economía internacionalizada y moderna, centrada en la innovación.
Segundo: Una Política Social, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, donde la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad se constituyen en eje fundamental en la defensa de una sociedad basada en valores objetivos y una ética del compromiso. Esta, necesariamente debe concretarse en una acción social basada en la promoción de la familia como institución natural (art. 39 CE); defensa de la libertad educativa (art. 27 CE) y políticas activas de inclusión social sin asistencialismo crónico.
Es más, debemos ser conscientes que vivimos una época de crisis moral, nihilismo legislativo y relativismo institucional. El Partido Popular debe convertirse en garante de los valores que cimentaron nuestra civilización occidental, tales como la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural; la promoción de la verdad, como base del debate público. Por otra parte, apostar por la revalorización del esfuerzo, la meritocracia, la responsabilidad personal, el respeto a nuestra historia nacional y el rechazo a la manipulación ideológica de la misma.
Tercero: Una política de Estado teniendo al hombre como centro de la acción pública para hacer frente a las corrientes colectivistas que diluyen al individuo en una masa homogénea, de ahí que el PP debe asumir plenamente la centralidad de la persona humana, tal como lo declara el artículo 10.1 CE, que dice: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Sobran los comentarios.
En coherencia con lo dicho hasta ahora, propongo diez medidas prioritarias para los cien primeros días del futuro Gobierno capitaneado por Núñez Feijoo:
1. Bajada drástica de las cargas impositivas para familias, pymes y autónomos, mediante reducción del IRPF, impuesto de sociedades y supresión del impuesto de patrimonio y sucesiones en todo el territorio nacional.
2. Reducción gradual de los costes laborales para pequeñas y medianas empresas y autónomos, mediante bonificaciones a la contratación y simplificación de cuotas.
3. Reestructuración de la deuda externa para garantizar la soberanía fiscal, y retorno a la estabilidad presupuestaria bajo el principio de presupuestos de base cero.
4. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Democrática, sustituyéndola por una Ley de Concordia Nacional que respete la verdad histórica sin instrumentalización política.
5. Derogación de todas las leyes ideológicas que vulneren la neutralidad del Estado, en especial en materia educativa y de género.
6. Supresión de organismos estatales superfluos, agencias, consorcios y fundaciones que dupliquen funciones, derrochen recursos o sirvan como redes clientelares.
7. Refuerzo de la unidad nacional y de la igualdad entre los españoles, con reformas que garanticen la lealtad constitucional de todas las instituciones autonómicas.
8. Implantación de una ley de libertad educativa, que reconozca el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos (art. 27.3 CE).
9. Plan nacional de natalidad y familia, con ayudas directas, protección laboral y fiscales, y una ley orgánica de apoyo a la maternidad.
10. Impulso a una política exterior de liderazgo en Hispanoamérica, basada en los vínculos culturales, idiomáticos y económicos, con presencia activa en foros multilaterales.
En conclusión, el Congreso del Partido Popular no debe ser un simple acto interno, sino una declaración de principios en defensa de España, de la libertad y de la dignidad del ser humano.
Debe ser un compromiso de acción política, de responsabilidad institucional y de renovación moral, para servir a España y a sus ciudadanos, con lealtad a nuestra Constitución y a la Monarquía parlamentaria. Es nuestra hora de la verdad.
