En mayo pasado el Consell y Autoridad Portuaria anunciaron el comienzo de las obras de mejora del acceso a la terminal portuaria del Cós Nou. Preguntando si se prevé ejecutar el tramo de colector de saneamiento para resolver la evacuación de la red inexistente en la orilla norte del puerto y Cala Llonga, se me dijo que no hay previsión para ello. Hace años, no muchos, se tendió a cargo del Estado un conducto desde la central térmica hasta la depuradora de Es Castell, que impulsa agua depurada hacia la central, para refrigerar los motores. Se construyó sin aprovechar la obra para incorporar un colector inverso desde el puerto hacia la depuradora, para dar salida a esos futuros caudales que se acumularán a los de la ciudad cuando se depuren las aguas del lado norte del puerto. Aquella inversión superó los siete millones, un coste de dudosa utilidad, hecho sin coordinar con las Administraciones locales para incorporar el colector de saneamiento, que si resulta imprescindible. La refrigeración podría haberse resuelto con una alternativa de coste mucho menor, e invertir el resto en el nuevo colector imprescindible para el lado norte del puerto. También los vecinos de Cala Llonga afrontaron la primera fase de la red de saneamiento, que quedó paralizada por falta del colector.
La situación extremadamente precaria del alcantarillado del puerto arranca en 2002, cuando el Ministerio entonces de Medio Ambiente redactó un proyecto de saneamiento con financiación, para todo el sector de Sant Antoni. Esta importante inversión se bloqueó en 2006, al advertir los técnicos del Consell que varias zonas protegidas por la Comunidad Europea como LIC-ZEPA se habían delimitado dentro del suelo urbano, porque los técnicos redactores del Govern Balear no tuvieron en cuenta el PGOU y el PTI, invadiendo, por desconocimiento, zonas calificadas como urbanas. Al tramitarse la delimitación, ninguna Administración, ni los particulares afectados, alegaron en la exposición pública. La solución de este error fue subsanada por el Ayuntamiento y el Govern Balear años más tarde, y la Comunidad Europea aprobó la desafección de los terrenos donde no se podían tender las redes de saneamiento por estar protegidos, doce años más tarde, en 2018. A día de hoy, puede que el Ayuntamiento aún no haya aprobado definitivamente la documentación de modificación del Plan General con la desafección de los terrenos antes calificados como protegidos en suelo urbano, para que se pueda poner de nuevo sobre la mesa el tema del saneamiento. Llevamos ya siete años desde la desafección acordada en la CEE.
Cuando las Administraciones reaccionen, vamos a ver si hay financiación para la conducción desde Cala Llonga a la depuradora de Es Castell, sin pasar por el puerto, para evitar sobrecargar el emisario que en cada tormenta rebosa aguas fecales en el interior de la bahía. Nos podemos preguntar si es imprescindible concentrar las aguas sucias en macrodepuradoras como la de Maó-Es Castell, o se podría iniciar el saneamiento del puerto con una estación de zona para depurar Cala Llonga, Sant Antoni, Es Murtar i Sa Mesquida, y más adelante evacuar el efluente hacia la ciudad, para un tratamiento terciario y reutilización. Seguramente la pequeña depuradora afectaría terrenos protegidos, como los que ya han ocupado el vertedero de Milà y la base de Sant Isidre, pero la situación del puerto, con una extensa zona urbana sin saneamiento, y buena parte de ella sin agua corriente, está a años luz de los estándares que requiere la CEE para todo el territorio europeo, es un problema acuciante que afecta a la contaminación del terreno y a la salubridad.
2 De hecho, un reciente informe de la Comisión de Medio Ambiente (CMACSA) de la Comunidad Europea considera que «los retrasos en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua no se deben a una deficiencia en la legislación, sino a una falta de financiación, a una aplicación lenta y a una integración insuficiente de los objetivos medioambientales en las políticas sectoriales». El puerto de Maó es un caso claro de esta práctica ineficiente y falta de coordinación entre las distintas Administraciones, que requiere una revisión urgente y una actuación decidida para poner fin a la lamentable falta de salubridad y servicios en un entorno turístico y residencial tan relevante. Debería aprovecharse el impulso que pretende dar la CEE a la estrategia europea de resiliencia hídrica, para resolver un problema que se enturbió desde 2006 y aún carece de una solución clara y factible.
