Salud y el balance imposible
El convenio vigente por el que se presta asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) vence hoy. Hace meses –desde que las principales aseguradoras y el Gobierno negocian sobre la subida de primas reclamada por Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV–, que se teme por el futuro de la atención médica para un millón y medio de adscritos a Muface en toda España. En Menorca el último dato indica que son 1.437 los mutualistas de opción concertada, entre titulares y beneficiarios, de un total de 3.085; el resto ya se decantó por la asistencia pública. Son personal del Estado y docentes, a los que se suman beneficiarios de Justicia y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. En total, la cifra rondaría las dos mil personas que están en vilo por su futuro sanitario, ahora mismo absorbidas por los centros del grupo privado Red Juaneda, y que de golpe y porrazo tendría que asumir el IB-Salut.
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