Fela Saborit02/01/25 4:00
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El convenio vigente por el que se presta asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) vence hoy. Hace meses –desde que las principales aseguradoras y el Gobierno negocian sobre la subida de primas reclamada por Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV–, que se teme por el futuro de la atención médica para un millón y medio de adscritos a Muface en toda España. En Menorca el último dato indica que son 1.437 los mutualistas de opción concertada, entre titulares y beneficiarios, de un total de 3.085; el resto ya se decantó por la asistencia pública. Son personal del Estado y docentes, a los que se suman beneficiarios de Justicia y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. En total, la cifra rondaría las dos mil personas que están en vilo por su futuro sanitario, ahora mismo absorbidas por los centros del grupo privado Red Juaneda, y que de golpe y porrazo tendría que asumir el IB-Salut.

El Gobierno aceptó ampliar la vigencia del convenio de dos a tres años, y pagar más, con un aumento acumulado de la prima del 33,5 por ciento, por debajo de lo que pedían las compañías aseguradoras, un 34 por ciento en dos años. Estas tienen hasta el 15 de enero para decidir si optan a renovar el convenio, pero Segurcaixa Adeslas, la que atiende al mayor número de funcionarios, ya ha anunciado que no se presentará, porque acumularía pérdidas de 250 millones de euros en esos tres ejercicios.

Pese a todo, el acuerdo se prorroga tres meses más –el nuevo concierto entrará en vigor en abril de 2025–, para no dejar en el aire la asistencia sanitaria a miles de personas y colapsar el sistema público.

La atención en la privada a los funcionarios se ve a menudo por el resto de trabajadores, que no tienen opción a elegir, como un privilegio. Ahora las frías cuentas de las aseguradoras no cuadran. Las compañías, las grandes beneficiarias, no quieren perder dinero, pero es que el balance, cuando se trata de salud, parece imposible de cuadrar. Hay en marcha un pulso económico y político, y un modelo claramente en crisis.