El jefe de la Comisión Electoral Nabil Salib, habla durante una conferencia de prensa para anunciar los resultados finales de la nueva Constitución. | Efe

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El 98,1% de los votantes aprobó la nueva Constitución egipcia en el referéndum celebrado los pasados 14 y 15 de enero, en el que la participación fue del 38,6%, según los resultados definitivos anunciados este sábado por la Comisión Electoral.

En una rueda de prensa en El Cairo, el presidente de la comisión, Nabil Salib, dijo que unos 20 millones y medio de egipcios, de los 53 llamados a las urnas, sufragaron en el plebiscito pese al boicot de los Hermanos Musulmanes y otros grupos afines.

Un total de 19.985.389 personas votaron a favor de la Constitución, lo que confirma la aplastante victoria del «sí» adelantada hace dos días por los medios egipcios.

Había pocas dudas sobre el triunfo del «sí», ya que los llamamientos a sufragar «no» fueron casi inexistentes porque los principales detractores del texto y del proceso transitorio optaron por el boicot a la consulta.

Por ello, el caballo de batalla del plebiscito pasó a ser la participación, que no es tan alta como esperaban las autoridades pero supera el 33% del referéndum constitucional de 2012, en el que la Carta Magna redactada por los islamistas fue refrendada con el 64% de los votos.

Las autoridades interinas egipcias buscaban con el triunfo abrumador del «sí» y una aceptable participación una muestra del respaldo popular a su hoja de ruta del periodo transitorio y al golpe militar que depuso al presidente del país, el islamista Mohamed Mursi, el pasado 3 de julio.

El referéndum adquirió también un cariz plebiscitario sobre la figura del jefe de las Fuerzas Armadas, general Abdel Fatah al Sisi, quien sugirió que se presentaría a las elecciones presidenciales si «el pueblo» se lo pide.

El referéndum se desarrolló entre protestas de los partidarios de Mursi y brotes de violencia puntuales, en los que murieron nueve personas y fueron detenidas 444.

La nueva Constitución rebaja el tono islamista de la aprobada en 2012, durante el mandato de Mursi, y refuerza el papel de las Fuerzas Armadas, que podrán designar al ministro de Defensa durante los próximos ocho años.