El expresidente brasileño Jair Bolsonaro asiste a un evento con miembros de la comunidad brasileña en la Iglesia Majestic Life en Orlando, Florida. | Reuters

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El senador brasileño Marcos do Val, quien era próximo del expresidente Jair Bolsonaro, acusó este jueves al exmandatario de intentar convencerlo para dar un golpe de Estado y no reconocer la victoria en las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva. «Me ponía bravo cuando me llamaban de bolsonarista. Ustedes esperen que voy a lanzar una 'bomba'. El viernes saldrá en la (revista) Veja el intento de Bolsonaro de convencerme para dar un golpe de Estado con él», declaró el senador en un vídeo a través de las redes sociales.

El legislador del partido Podemos, de centroderecha, manifestó que se negó a la solicitud de Bolsonaro y por eso decidió denunciarlo. Después, en otro mensaje a través de sus redes, Do Val anunció que está dejando «definitivamente la política» y renunciará al mandato de senador que tiene hasta 2026 por razones familiares y de salud después de «cuatro años de dedicación exclusiva» y un principio de infarto. «Perdí la convivencia con mi familia, en especial con mi hija. No valió la pena ser transparente, honesto y luchar por un Brasil mejor y sin los ataques y las ofensas que siguen ocurriendo», apuntó el senador, quien adelantó que retornará a Estados Unidos, donde vivía.

La declaración del congresista se dio después de los 513 diputados y un tercio de los senadores elegidos en octubre tomasen posesión de sus escaños y de la victoria de Lula al conseguir reelegir en la presidencia del Senado a su aliado Rodrigo Pacheco.

Bolsonaro, que está en Estados Unidos sin previsión de regreso a Brasil, no ha reconocido hasta ahora la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral de octubre y es investigado en el caso de los actos golpistas del pasado 8 de enero en Brasilia. Ese día, miles de bolsonaristas que estaban acampados desde hacía más de dos meses frente a los cuarteles del Ejército pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula invadieron y destruyeron las sedes de los tres poderes. Más de 1.800 personas fueron detenidas en los actos antidemocráticos y un tercio permanece arrestada por orden de la Corte Suprema.