Los países tampoco utilizan en la misma medida los procedimientos de licitaciones electrónicas, a lo que se añade que hay múltiples bases de datos sobre los contratistas y beneficiarios de los pagos, así como diferencias en el modo de publicar la información. Así, aunque la Comisión tiene un portal en línea con información sobre los programas que gestiona directa o indirectamente, éste no contiene información sobre los titulares reales últimos ni sobre los destinatarios finales de los fondos cuando el dinero es gestionado por organizaciones asociadas u otras autoridades.
Mejorar la transparencia
La transparencia podría mejorarse «considerablemente» con un identificador único para los contratistas y beneficiarios de los fondos de la UE con el fin de poder realizar búsquedas en los diferentes sistemas, sugieren los auditores. El Tribunal de Cuentas subraya que la digitalización puede hacer más eficiente también la auditoría de los fondos, agilizando la recopilación y análisis de los datos. Sin embargo, las diferencias actuales en los sistemas informáticos «hacen imposible llevar a cabo pruebas a gran escala» y algunos datos «esenciales» sólo están disponibles para las autoridades gestoras o los beneficiarios, de modo que no puede efectuarse una auditoría digital. «Para optimizar la gestión de los fondos de la UE será necesario simplificar aún más el paisaje de sistemas informáticos, reduciendo diferencias y mejorando la interoperabilidad entre sistemas y los datos usados por los principales organismos», concluyen.
El Tribunal recuerda que la Comisión ha desarrollado un programa de prospección de datos y evaluación de riesgos para proteger el presupuesto de la UE, pero que de momento no es obligatorio ni se aplica de forma universal, así como otro sistema para excluir a aquellos actores que tienen prohibido recibir financiación europea. Bruselas ha propuesto obligar a los Estados a usar su programa de prospección de datos, así como ampliar el sistema de exclusión de beneficiarios también a los fondos gestionados conjuntamente con los países, pero ambas medidas solo entrarían en vigor en 2028. El análisis del Tribunal no tiene carácter de auditoría y se basa en información disponible públicamente o recopilada expresamente para esta revisión, así como en consultas con algunas autoridades nacionales.
1 comentario
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si es que esto de regalar dinero a los estados a cambio de favores y cesiones de soberanía y recursos a costa del pueblo acaba oliendo mal, sí o si... verdad sanchez?