La ONG Hengaw ha denunciado este sábado la «detención ilegal» de Amjad Amini, padre de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que falleció hace justo un año bajo custodia policial después de ser arrestada por no llevar bien puesto el velo. De acuerdo con un comunicado emitido por la organización en su página web, Amjad Amini ha sido arrestado por la Guardia Revolucionaria de Irán nada más salir de su casa, y ha sido trasladado a «un lugar desconocido». Más tarde, la cadena de televisión Iran International ha informado de que, tras recibir amenazas y advertencias por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, Amjad Amini ha sido liberado de un arresto cuyos fines eran, principalmente, intimidatorios. Sin embargo, las autoridades iraníes han negado la noticia, tildando estas informaciones como falsas y asegurando que el padre de Amini se encuentra actualmente en su domicilio en la ciudad de Saqqez, ubicada en el noroeste de Irán.
De acuerdo con informaciones de la agencia oficial iraní IRNA, la noticia sobre la detención de Amjad Amini busca incitar a la población y preocupar a la opinión pública. «Esta noticia no es cierta en absoluto y esta persona no ha sido arrestada», han asegurado fuentes oficiales a la mencionada agencia. A pesar de que las autoridades iraníes habían advertido a la familia de que no celebraran el aniversario de la muerte de su hija, los Amini anunciaron que «como cualquier familia en duelo», acudirían a la tumba de Mahsa. Según Hengaw, el ambiente en la ciudad de Saqqez, y en los alrededores del domicilio de la familia Amini y las calles que conducen hacia la tumba de Mahsa, está «altamente militarizado» con las fuerzas de seguridad desplegadas y armadas en la localidad.
Protesta por la muerte de Mahsa Amini en Irán en septiembre de 2022. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH
La ola de protestas tras el asesinato de Mahsa Amini
Este 16 de septiembre se cumple un año desde la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida a mediados de septiembre de 2022 en Irán por supuestamente llevar mal puesto el velo, aniversario que llega tras meses de violenta represión y en medio de una arremetida conservadora que incluye un debate sobre un borrador de ley para endurecer los castigos contra las mujeres que violen el código de vestimenta. Amini, de 22 años y miembro de la minoría kurdo-iraní, falleció bajo custodia y, si bien la Policía afirmó que sufrió un infarto en una comisaría, rápidamente surgieron denuncias sobre violencia policial y malos tratos, poniendo en duda la versión de las autoridades, que aseguraron que la autopsia descartaba esta posibilidad.
La noticia sobre su hospitalización --su nombre en kurdo era Jina-- saltó a los medios gracias a la periodista Nilufar Hamedi, quien publicó el 16 de septiembre en redes sociales una fotografía de los padres de la joven en el hospital donde Amini fallecería horas después. La reportera fue posteriormente detenida por su trabajo y acusada junto a la también periodista Elahé Mohamadi de ser una «agente extranjera». La muerte de Amini desató una oleada de movilizaciones bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' y encabezadas principalmente por mujeres, que tuvo su epicentro en Teherán pero se extendió a otros puntos del país, muestra del creciente malestar popular con el estricto código de vestimenta impuesto por la República Islámica desde 1979, que hace obligatorio que las mujeres usen 'hiyab' en espacios públicos, en uno de los mayores desafíos a las autoridades durante las últimas décadas.
La llegada a la Presidencia en 2021 del ultraconservador Ebrahim Raisi derivó en una mayor severidad en lo relativo al respeto de este tipo de restricciones, distanciándose de la postura de su predecesor, Hasán Rohani, lo que ha incrementado el descontento popular, que se suma a las crecientes críticas a las autoridades por las restricciones a los derechos civiles de mujeres, opositores, activistas y periodistas, así como por el ahondamiento de la crisis económica. En respuesta, las autoridades recurrieron a una brutal represión que dejó más de 500 muertos, según organizaciones no gubernamentales, y que derivó en la apertura de miles de procesos contra participantes en las mismas, incluidas condenas a muerte y ejecuciones.
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Una ONG denunciará, la ONU, tiene que denunciar y la comunidad europea y los estados sudamericanos estos son los que tienen que parar esta barbarie.