Protesta por los rehenes israelíes en manos de Hamás. | Reuters - Marko Djurica

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Las autoridades de Israel han avalado este miércoles el regreso de colonos judíos a varios asentamientos situados en Cisjordania que fueron evacuados en el marco del plan de retirada unilateral israelí, también conocido como plan de desconexión, y que supuso el fin de toda presencia permanente civil israelí en la Franja de Gaza y cuatro asentamientos en el norte de Cisjordania en 2005.

El ministro de Defensa del país, Yoav Gallant, ha anunciado que la legislación que permite el regreso de los civiles israelíes a la zona ha sido ampliada para incluir las áreas en las que se encontraban los asentamientos de Sa Nur, Ganim y Kadim -todos ellos evacuados en el pasado-. Según ha explicado Gallant, los israelíes podrán entrar nuevamente en estas zonas, lo que favorecerá el «desarrollo de asentamientos y mejorará la seguridad de los residentes en la región», tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Aunque el Gobierno aún tiene que dar el visto bueno a cualquier actividad de este tipo -unos procesos que generalmente se alargan durante años-, la retirada de la prohibición podría favorecer el restablecimiento de asentamientos ilegales. Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado duramente la medida y ha señalado que se trata de una «continuación de la política de agresión y asentamientos» en la zona.

El grupo palestino ha señalado que se trata de una «negación de los derechos del pueblo palestino hacia su propia tierra». «Hacemos un llamamiento a nuestro pueblo y a la juventud revolucionaria en toda la Cisjordania ocupada para que tomen medidas en respuesta a las políticas de ocupación y pongan en marcha todos los actos de resistencia posibles en todas sus formas hasta que la ocupación y sus colonos sean derrotados», ha incidido en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

Hamás ha aprovechado la ocasión para pedir nuevamente a Naciones Unidas y la comunidad internacional que «asumen su responsabilidad a la hora de poner fin a estos asentamientos y llevar a las fuerzas de ocupación ante la Justicia por sus crímenes y continuas violaciones del Derecho Internacional».

La medida adoptada por Israel ya había sido aplicada previamente en el asentamiento de Homesh, cuya construcción ilegal fue epicentro de una crisis entre los colonos, el Gobierno israelí y activistas que se oponían precisamente a esta construcción. Dicho asentamiento, junto a los otros tres nombrados anteriormente, fue evacuado y parcialmente demolido hace 19 años en el marco del plan de desconexión después de que fuera levantado en tierras privadas palestinas. En 2023, el Gobierno solicitó la retirada de la normativa que declaraba el área como zona de guerra en un intento por allanar el camino para el regreso, precisamente, de ciudadanos israelíes a la zona.