El Ministerio de Justicia envió un escrito a las cuatro asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), y tras diversos contactos se fijó el próximo lunes como fecha de la reunión. Ese mismo día se reunirá, como estaba previsto, la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo General del Poder Judicial, en la sede del Ministerio para avanzar en la modernización de la Justicia.
El documento del departamento que dirige Bermejo, a la vista de los últimos acontecimientos, instaba a las cuatro asociaciones judiciales a celebrar de forma "urgente" una nueva reunión para examinar la situación actual y, concretamente, analizar el contenido del "documento reivindicativo" de la carrera judicial, difundido el pasado lunes. Justicia subraya que este análisis debe llevarse a cabo "con el espíritu de diálogo que debe presidir la actuación del Ministerio de Justicia y de las propias asociaciones judiciales, en el interés siempre de la mejora de la Administración de Justicia y del servicio a los ciudadanos".
También ayer, el Grupo Socialista en el Congreso pidió a las asociaciones de jueces que comparezcan ante el Parlamento.
Rajoy apoya a los jueces pero no que hagan un paro
Aunque el PP ha dicho que comparte la inmensa mayoría de las reivindicaciones de los jueces, tampoco se cansa de advertir que la huelga no es la mejor medida para solucionar las cosas. Así lo señaló Mariano Rajoy que pidió una "reflexión" a las asociaciones judiciales ya que ahora lo que "toca" es que el Gobierno actúe. "Yo apoyo esas reivindicaciones, pero, de la misma manera que las apoyo, digo que no creo que una huelga contribuya tal y como está la situación en España, a mejorar las cosas", afirmó el líder del PP.
Rajoy no dejó pasar la oportunidad de censurar las "actitudes" tanto del ministro de Justicia, como del presidente del Gobierno, que "no sirven para buscar una solución eficaz, sino para generar más tensión y provocar más desconfianza en la sociedad española". "No deja de tener su gracia que se les pida responsabilidades a quienes carecen de los medios materiales y personales para ejercer su función y no se les pidan al vicepresidente económico", concluyó.
DE LA VEGA, BALONES FUERA
La que prefirió echar balones fuera fue la vicepresienta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que evitó pronunciarse acerca de su posición en el momento en el que era vocal del Consejo General del Poder Judicial, cuando sostenía que la Constitución no prohíbe el derecho a la huelga de los jueces. De la Vega eludió la pregunta afirmando que su "posición en estos momentos" como vicepresidenta es la de "transmitir que el Gobierno siempre ha estado y estará dispuesto a hablar y actuar para mejorar la Justicia".
La que sí quiso entrar en el tema fue la actual portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aunque lo hizo para insistir en que Consejo "no es el órgano adecuado para decidir si jurídicamente o constitucionalmente tienen derecho o no los jueces a la huelga". "Desde el Consejo no estamos para limitar derecho, como el derecho a la huelga, sino para trabajar", afirmó en declaraciones a Antena 3 recogidas por otr/press. Además, Bravo señaló que aunque respeta las reivindicaciones de los jueces, "no es el momento más adecuado para plantearse la huelga" ya que en sus "cuatro meses de andadura, el CGPJ ha apostado por trabajar en la mejora de la Justicia".
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