En una rueda de prensa posterior a la celebración del Pleno del órgano de gobierno de los jueces, su portavoz, Gabriela Bravo, explicó que aunque la medida de libertad vigilada se aplica en países de nuestro entorno, sería de "muy difícil justificación" en nuestro ordenamiento jurídico, pues su cumplimiento entra en colisión con los regímenes penitenciarios de tercer grado y libertad provisional. En el texto se avisa de que el proyecto del Ministerio de Justicia choca con el régimen penitenciario porque puede suponer "una obligación legal para el juez de Vigilancia Penitenciaria de imponer al penado un retroceso con respecto al régimen de cumplimiento de la pena de prisión en libertad condicional", en el caso de que se haya accedido a la misma.
"Es decir, es un viaje hacia un régimen más restrictivo que la libertad condicional o, incluso, más restrictivo que el tercer grado penitenciario", dice el informe cuya ponente ha sido la vocal designada a propuesta del PNV Margarita Uría. La ponente ha formulado un voto particular al no estar de acuerdo con algunas de las modificaciones que sobre el texto original del informe se realizaron la semana pasada en la Comisión. El informe, de carácter no vinculante, establece requisitos básicos de ejecución de la pena accesoria de libertad vigilada, cuya regulación no está prevista en el anteproyecto. Así, se plantea la necesidad de prever la figura del asistente o agente de ejecución de libertad vigilada en el propio anteproyecto, y de desarrollar su estatuto y funciones en la regulación reglamentaria sobre el cumplimiento de la pena de libertad vigilada.
También se recomienda llevar a cabo una regulación más detallada de los efectos del incumplimiento de las obligaciones de la libertad vigilada, así como del régimen de cumplimiento de la pena por quebrantamiento de la libertad vigilada con respecto al de la propia pena de libertad vigilada.
Reitera su defensa a Garzón
El Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional". El texto fue aprobado por todos los vocales excepto por Almudena Lastra, que votó en contra.
La declaración se refiere genéricamente al contenido de una entrevista televisiva en la que el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, dijo que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la investigación del "caso Gürtel" a pesar de haber encontrado indicios de que cargos aforados podrían tener responsabilidad penal. En este sentido, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó que De la Rosa había reiterado hoy el contenido del escrito que presentó el pasado martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus las declaraciones fueron realizadas a título personal.
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