En la primera orden de arresto emitida contra un jefe de Estado en el poder, la Sala I de Vista Previa del TPI afirma que Al Bashir es "sospechoso de ser criminalmente responsable, como coautor indirecto, de dirigir intencionadamente ataques contra una parte importante de la población civil de Darfur". En concreto, el TPI habla de "asesinato, exterminio, violación, torturas y traslado forzoso de grandes cantidades de civiles, además del saqueo de sus propiedades".
Estos delitos fueron cometidos, según los magistrados del TPI, "durante una campaña de cinco años contra la insurgencia llevada a cabo por el Gobierno de Sudán contra el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A), Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y otros grupos armados contrarios al Gobierno de Sudán en Darfur", explicó la portavoz del tribunal, Laurence Blairon.
Esta campaña, añadió, comenzó poco después del ataque de abril de 2003 contra el aeropuerto de El Fasher, capital de Darfur Norte, "como resultado de un plan acordado al más alto nivel del Gobierno de Sudán por Al Bashir y otros altos cargos políticos y militares sudaneses". Esta campaña, según el TPI, duró al menos hasta el pasado 14 de julio, cuando el fiscal jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo, solicitó que se emitiera una orden de arresto contra el presidente sudanés.
La Sala del TPI considera que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente sudanés "es sospechoso de haber coordinado el diseño y la ejecución de la campaña contra la insurgencia". Además, existen "bases razonables para creer que controlaba todos los brazos del 'aparato' del Estado y utilizó dicho control para garantizar" que la campaña se pusiera en práctica.
Los encargados de llevar a cabo la campaña, según el tribunal, fueron las Fuerzas Armadas y las milicias aliadas 'janjaweed', así como la Policía, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Comisión de Ayuda Humanitaria, y entre sus víctimas, particularmente, además de los milicianos figuraron los habitantes de los grupos 'fur', 'masalit' y 'zaghawa', considerados como próximos a los grupos contrarios a Jartum.
Por todo ello, y puesto que el hecho de que sea "un jefe de Estado no excluye su responsabilidad criminal, ni le garantiza inmunidad ante el TPI", la Sala I decidió ayer la emisión de una orden de arresto por un total de siete cargos, cinco por crímenes contra la Humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación) y dos por crímenes de guerra.
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