Pau Collado. El ex miembro del Govern de Matas sale de la Audiencia tras ser interrogado por Garzón

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El juez asegura en un auto que emitió ayer que la trama de comisiones se gestó con responsables del Partido Popular a nivel nacional que trabajan en su sede central de Madrid

Otr-press Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió ayer de una parte de la investigación sobre el 'caso Gúrtel' al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa, según fuentes jurídicas. Asimismo, el magistrado se inhibió en favor del TSJ de Madrid al encontrar indicios de responsabilidad penal en la actuación de los diputados autonómicos del PP Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. Además, Garzón defiende que el PP de Valencia pudo recibir 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

En un auto hecho público ayer, Garzón se inhibió en favor del TSJV al encontrar indicios contra Camps, Ricardo Costa, así como el ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño. En este sentido, el juez asegura que el PP de Valencia pudo recibir 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama. Asimismo, afirma que el presidente de Orange Market pagó trajes al presidente Francisco Camps. Además, el magistrado afirma que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa de Correa".

También señala que el presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa. El magistrado recuerda que Camps "ocupa un cargo de responsabilidad en la Generalitat valenciana" y añade que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, "a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009" por un importe superior a los cuatro millones de euros.

Según el auto, Camps acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de "adquirir ropa", ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una "persona de su confianza". En el momento en que los trajes se encargaron, las tiendas generaron un concepto "a cuenta" que la empresa de 'El Bigotes' se encargó de abonar mediante transferencia o cheque. La ropa encargada se hizo "a medida" y requería, por tanto, "la toma de medidas de patronaje y la elaboración de una ficha para la empresa confeccionadora". Toda esta documentación obra en las diligencias previas instruidas por Garzón.

TAMBIEN EN MADRID
Posteriormente, el juez emitió otro auto en el que se inhibía en favor del TSJ de Madrid al encontrar indicios de responsabilidad penal en la actuación de los diputados autonómicos del PP Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, según consta en dos autos notificados hoy por el magistrado. Además, imputa a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López, ambos del PP; al ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente; al ex edil de Boadilla del Monte José Galeote, al ex concejal de Estepona Ricardo Galeote; y a Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla.

Garzón, que les considera presuntos autores de los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, les tomará declaración el próximo día 18, con lo que continuará instruyendo una parte de la causa en espera de la respuesta de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. El juez notificó esta resolución a los procuradores y abogados de los 37 imputados en la causa, que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias mediante la que el grupo de empresas de Francisco Correa habría obtenido contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia a cambio de "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades.

El juez acaba los interrogatorios
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón finalizó los interrogatorios a los 37 imputados en la denominada 'operación Gürtel', dejando en libertad sin medidas cautelares a otras siete personas, entre ellas el ex vocal del PP en la Junta Municipal del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca José Javier Nombela, según fuentes jurídicas. De esta forma, han sido 34 los imputados puestos en libertad, y sólo tres los detenidos: el presunto líder de la trama, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez; y el ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.