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El poder adquisitivo de los españoles se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y está muy lejos de los Estados miembros donde la vida es más asequible, como Luxemburgo, Reino Unido, Chipre, Países Bajos y Austria, según un informe sobre consumo publicado por la Comisión. Los países comunitarios cuyos ciudadanos tienen más problemas para adquirir bienes y servicios son Rumanía, Bulgaria, Polonia y Hungría.
Para examinar las diferencias en el coste de la vida entre los diferentes Estados miembros, el Ejecutivo comunitario ha elaborado un índice de poder adquisitivo, que tiene en cuenta tanto la renta media como el nivel de precios. La media comunitaria es de 100 puntos.

En este ranking, España ocupa la decimoquinta posición con 96 puntos, es decir, con un poder adquisitivo un 4 por ciento inferior a la media comunitaria, al mismo nivel de Eslovenia, según datos correspondientes a 2008. Por delante están países como Italia (cuyo poder adquisitivo supera en un 3 por ciento el promedio de la UE), Finlandia (110 puntos), Francia (111) o Bélgica (116).
Sorprendentemente, la vida es más asequible para los consumidores en los países más ricos de la UE a pesar de tener unos niveles de precios más elevados. La clasificación la encabeza, a gran distancia, Luxemburgo (donde la vida es un 88 por ciento más asequible que la media de la UE), seguido de Reino Unido (132), Chipre y Países Bajos (129), Austria (128), Irlanda (125) y Alemania (121).
En cambio, los países más pobres son también aquellos donde los consumidores tienen más problemas para adquirir bienes y servicios pese a que los precios sean más bajos. Es el caso de Rumanía (donde el poder adquisitivo es un 78 por ciento inferior a la media comunitaria), Bulgaria (32 puntos de 100), Polonia (45) o Hungría y Eslovaquia (46 por ciento).
El informe de Bruselas detecta un empeoramiento en España de las condiciones de consumo durante el último año debido al impacto de la crisis económica. De hecho, el indicador de condiciones de consumo cae en España de 55 a 49 puntos y se sitúa a la altura de países como Letonia o Chipre.

Este indicador comprende factores como la calidad de las normas relativas a los consumidores y a las empresas, la eficacia en la resolución de litigios y en el tratamiento de las denuncias, así como la confianza de los consumidores en las autoridades, los minoristas, los publicistas y las organizaciones de los consumidores.