El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, explicó ayer las líneas básicas del plan de ajuste presupuestario aprobado por su Gobierno para hacer frente a la crisis económica, que, según el mandatario, no contempla ninguna "intervención" sobre las pensiones ni el aumento de los impuestos.
Berlusconi compareció en rueda de prensa junto a su ministro de Economía, Giulio Tremonti, para dar cuenta de su plan de ahorro de 24.000 millones de euros en dos años en el gasto público, medida aconsejada por la Unión Europea (UE) y que el primer ministro italiano definió como "equilibrada" e "inevitable". "Hemos decidido intervenir para llevar la relación entre déficit y PIB del actual 5 por ciento al 2,7 en 2012. Hemos aprobado una reducción de 12.000 millones de euros al año, basado en un ajuste en el gasto público y en la lucha contra la evasión fiscal", comentó el primer ministro.
"No hemos aumentado los impuestos porque nuestro objetivo es, y sigue siendo, el de reducir los números del ajuste de otros países", agregó Berlusconi.
En este sentido, el mandatario aseguró que su plan de reducción del gasto público, aplicable básicamente para 2011-2012 y contra el que el principal sindicato ha anunciado una huelga general de aquí a finales de junio, es "menor" que el de otros gobiernos europeos porque su Ejecutivo ha sabido "operar bien en estos dos años". El plan italiano, que suprime diez pequeñas provincias (no especifica cuáles) con menos de 220.000 habitantes, basa gran parte de sus iniciativas en una reducción del gasto de la administración pública del Estado, que se cifra en torno a un 10 por ciento, sobre todo con la congelación de los sueldos de los funcionarios.
"Pedimos un gesto de responsabilidad a los funcionarios, en primer lugar porque sus ingresos han aumentado más, dado que en los últimos diez años se han incrementado un 42,5 por ciento, mientras que el sector privado lo ha hecho en un 24,8 por ciento", dijo el primer ministro italiano. En esa reducción del gasto público entran también los magistrados, que, en el caso de los del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), verán una reducción en sus sueldos del 10 por ciento.
Para Berlusconi, es "capital" no tocar las pensiones del país (sí contempla cambios graduales en la edad de jubilación para los próximos años), así como instar a los entes municipales y regionales a reducir el gasto público en inversiones "no productivas" en torno a los 4.500 millones de euros. El FMI respaldó ayer el plan de austeridad de Italia pero le pidió un programa "más ambicioso".
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