vivo. Las oficinas de la compañía en Sao Paulo - Reuters

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El Gobierno portugués vetó ayer la venta del 30 por ciento de la brasileña Vivo a Telefónica pese a haber sido aprobada por los accionistas de Portugal Telecom (PT) y gracias a una "acción de oro" cuestionada por Bruselas y por la propia empresa lusa.

La decisión del Ejecutivo socialista de Portugal fue la segunda sorpresa de la asamblea de accionistas de PT celebrada hoy para decidir la venta de las acciones de Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por los 7.150 millones de euros que ofreció a último momento Telefónica.

La primera sorpresa fue que pese a la fuerza del llamado "núcleo duro" de accionistas portugueses de PT, que controlaban cerca de la mitad de los votos y se habían opuesto públicamente a la venta de Vivo, la oferta de la empresa española fue aprobada por un abrumador 73,9 por ciento de los accionistas.

Pero la decisión del presidente de la asamblea, Antonio Menezes Cordeiro, de aceptar el veto de la acción estatal con derechos especiales dejó sin efecto los demás sufragios emitidos en la reunión.

El primer ministro portugués, José Sócrates, justificó después la actuación del Estado y dijo que "la acción de oro sirve para ser utilizada cuando es necesario".

"Tanto los que iban a comprar como los que eran consultados en la asamblea, todos los accionistas, y en particular Telefónica, sabían cual era la posición del Gobierno y pienso que la debían tener en cuenta", declaró.

Sócrates recordó que cuando el Gobierno habla interpreta los "intereses nacionales" e insistió en el carácter "fundamental" que tiene la participación en Vivo para el futuro de PT, que con Telefónica controla a medias el 60 por ciento del capital de la empresa brasileña a través de la sociedad conjunta Brasilcel.

La Comisión Europea ha cuestionado las acciones con derechos especiales que tienen los Estados miembros de la UE y consideró hoy "incompatible" con la legislación europea el uso de esos privilegios por parte del Gobierno luso.

El presidente del consejo de administración de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, reveló tras la reunión que los responsables de la empresa "tenían la convicción de que la acción de oro no era aplicable a esta materia".

Pero tanto Granadeiros como el presidente ejecutivo de PT, Zeinal Bava, que defendieron ante los accionistas la importancia estratégica de retener Vivo, se mostraron conformes con el resultado de la reunión y subrayaron que la responsabilidad de admitir la aplicación de la acción de oro es del presidente de la Asamblea.

A su vez Menezes Cordeiro expresó a los periodistas la "certeza absoluta" de que la aplicación de la acción con derechos especiales detentada por el Estado es legal.