La denuncia de la existencia de un presunto espionaje desde el Gobierno hacia la prensa por el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt y la revelación de cómo se ordenó la expulsión de gitanos llevaron ayer al extremo una presión que salpica de lleno al presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El jefe del Estado mereció ayer más que una portada como la última de "Le Nouvel Observateur" ("¿Este hombre es peligroso?"), puesto que las acusaciones de "Sarkogate" lanzadas por una diputada tuvieron como fondo una acusación, desmentida por el Elíseo, del vespertino "Le Monde".
El diario denunció ayer que fue espiado por orden de la presidencia francesa para identificar una fuente que filtraba informaciones sobre el escándalo que rodea a la multimillonaria Liliane Bettencourt y defender al actual ministro de Trabajo, Éric Woerth.
Justo el día en el que en la Asamblea Nacional se reanudaba el debate sobre el polémico proyecto de reforma de las pensiones, que llevó a las calles a más de un millón de franceses (o tres millones, según las fuentes) el 7 de septiembre y que Woerth intentó defender, pese a la insistencia de la oposición en obtener explicaciones a esa denuncia.
"El Elíseo recurrió en julio a procedimientos que infringen directamente la ley" de protección de las fuentes de los periodistas, destacó en portada "Le Monde", que precisó cómo el contraespionaje francés, cumpliendo órdenes, relacionó a un informante con un periodista del rotativo.
Una denuncia que animó a la eurodiputada ecologista Eva Joly a emplear la comparación del caso con el Watergate, el escándalo de espionaje que acabó con el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, sólo que ahora el apellido del mandatario galo completa el término.
Sarkozy desmintió ayer mismo, a través de su gabinete, esas alegaciones y aseguró que "nunca dio la menor instrucción" a los servicios oficiales de información para investigar el origen de extractos de declaraciones obtenidas por las autoridades en la investigación del caso Bettencourt.
Según "Le Monde", sin embargo, tras la publicación el 18 y el 19 de julio de detalles sobre la declaración ante la policía del gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre, que admitía favores a Woerth, el contraespionaje buscó el origen de esas filtraciones y, entre los potenciales responsables, se centró en un consejero penal del Ministerio de Justicia, David Sénat.
Agentes de la Dirección Central de Información Interior (DCRI) controlaron el teléfono de trabajo de Sénat y dieron con las llamadas con el periodista de "Le Monde" Gérard Davet, quien firmó notas sobre los interrogatorios a De Maistre, según el relato del diario.
Otro de los ministros objeto de polémica en la últimas semanas, el titular de Inmigración, Éric Besson, rechazó ayer mismo haber tenido conocimiento de una circular del departamento de Interior en la que se pedía de forma específica que se desmantelaran los campamentos de gitanos, considerada racista por organizaciones humanitarias.
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