El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer en el Senado que el Gobierno tramitará la petición de extradición del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, actualmente en Venezuela, al día siguiente de que esa solicitud sea formulada por el juez al Ejecutivo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió ayer al juez de ese tribunal Eloy Velasco que tramite ante el Gobierno español la demanda de extradición del etarra deportado Arturo Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja para el Ejecutivo de Hugo Chávez.
En un escrito entregado ayer al juez, la Fiscalía asegura que poseer la nacionalidad venezolana no es obstáculo para su entrega a España.
También recuerda que si Venezuela rechaza su entrega por razón de su nacionalidad debería proceder judicialmente contra él en su territorio.
El Ministerio Público español contradice así a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que el pasado jueves aseguró que el artículo 69 de la Constitución de su país "prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española decidió pedir la entrega del etarra deportado después de recibir un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se hace constar que éste es ciudadano de Venezuela, que reside en ese país y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que depende del Gobierno de Hugo Chávez.
El Ministerio de Exteriores añade que Cubillas "se ha personado recientemente antes las autoridades judiciales de Venezuela" -en referencia a la visita que hizo el pasado día 11 a la Fiscalía de ese país para pedir que se investigaran las acusaciones de la Justicia española contra él-, "sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional".
La Fiscalía recuerda que la citada orden, cursada por la Audiencia Nacional española, pesa sobre Cubillas desde finales del pasado mes de febrero, cuando el juez Eloy Velasco dictó un auto en el que le procesaba por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas.
El juez acordaba además su prisión provisional y su busca y captura.
En ese auto judicial, se señalaba a Cubillas como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".
También añadía que se encargó de que ese grupo terrorista adiestrara en el manejo de explosivos a miembros de ETA a cambio de que la banda terrorista localizara en España objetivos para la guerrilla colombiana.
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