La imagen en los aeropuertos españoles no podía ser más distinta de aquella que sorprendía a todos hace tan sólo una semana. Normalidad es la palabra más repetida: los controladores aéreos en sus puestos de trabajo y los pasajeros embarcando en los aviones. Sin embargo, los 600.000 afectados por la crisis aérea no olvidan lo sucedido, y continúan presentando demandas. 5.000 de ellos se han asociado en una plataforma, que procederá judicialmente para reclamar la responsabilidad penal de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo. También pedirá una indemnización a AENA y el Ministerio de Fomento de 10.000 euros para cada afectado por daños. Mientras tanto, el Gobierno continúa justificando el estado de alarma que declaró para finalizar con el caos aeroportuario. Asegura que se daban "todos los supuestos" que la Constitución y ley exigen para ello, pero no termina de aclarar si lo prorrogará la próxima semana.
Un total de 5.000 afectados por la crisis aérea provocada por la huelga de los controladores aéreos se ha unido en una plataforma para exigir responsabilidades. Su estrategia jurídica será proceder por dos vías distintas y con objetivos bien claros y diferenciados. Por un lado, desde el punto de vista penal, se personarán como acusación personal contra los controladores, como presuntos responsables de los hechos. En este punto, los letrados del despacho Cremadres & Calvo-Sotelo, afirmaron que son aplicables los artículos 20 y 21 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea. La pena que se establece es la de prisión mayor, de tres a ocho años de cárcel.
La segunda vía que abrirá la defensa de los afectados será la presentación de una reclamación contra AENA, sin descartar actuar por la vía del contencioso administrativo. Así lo explicaba el abogado Manuel Iglesias, que afirmaba que "AENA es un órgano público adscrito al Ministerio de Fomento que tiene a los controladores mediante una relación laboral". Añadía que el convenio firmado en 1999 por AENA y USCA recoge la responsabilidad de la compañía aeroportuaria respecto al comportamiento de los controladores. Los letrados recordaron que AENa podrá reclamar a los controladores a las que deba hacer frente, afirmando que no tienen ningún interés en que la situación "la terminen pagando los presupuestos del Estado".
La cantidad a reclamar: 10.000 euros por afectado, ya que los letrados consideran que no son aplicables a los baremos que se aplican habitualmente en caso de cancelación o retraso, por lo "excepcional" de las circunstancias denunciadas. "Estamos hablando de un daño masivo a la sociedad", afirmaba el abogado Javier Cremades.
El Gobierno justifica el estado de alarma decretado desde hace una semana, que puso fin a la crisis del espacio aéreo. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguraba que para su aplicación "se daban todos los supuestos que la Constitución y la ley exigen".
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