El prominente político Diego Fernández de Cevallos fue liberado ayer en buen estado de salud pero débil tras haber sorteado el secuestro político más prolongado en la historia de México y sin que se conozcan detalles sobre su liberación.
El ex candidato presidencial en las elecciones de 1994 se encuentra "débil pero fuerte", y "bien de salud" tras siete meses y seis días de cautiverio, reveló al noticiero Televisa el periodista mexicano Joaquín López Dóriga, el primero en dar la noticia.
El locutor Pedro Ferriz, del Grupo Imagen, aseguró en su emisora que habló por teléfono ayer con Fernández de Cevallos, el único que ha dicho tener contacto directo con el político mexicano, quien también encabeza un importante bufete de abogados.
Por su parte, Antonio Lozano Gracia, uno de sus socios en el despacho de abogados, confirmó a Milenio Televisión la puesta en libertad del también ex senador.
Así como sucedió con su cautiverio, que fue tratado en completo secreto por su familia, y supuestamente sin la participación de las autoridades mexicanas, sólo se sabe que el abogado y ex senador de 69 años, conocido como "El Jefe Diego", está ya con su familia en alguna de las muchas propiedades que posee en México.
De momento, ninguna autoridad mexicana ha confirmado o desmentido el fin del mediático secuestro, y se presume que la familia pagó varios millones de dólares por el rescate.
Fernández de Cevallos, una figura central en el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el mismo en el que milita el presidente mexicano, Felipe Calderón, fue secuestrado el pasado 14 de mayo en su rancho "La Cabaña", una propiedad enclavada en las inmediaciones de la comunidad de San Clemente, municipio de Pedro Escobedo, en el central estado de Querétaro.
Desde el primer momento en que se conoció el rapto la información sobre el caso fue manejada con misterio y reserva.
La familia del político pidió en su momento públicamente a las autoridades que no investigaran el caso para no perjudicar las negociaciones con los secuestradores, lo que sorprendentemente fue aceptado por el Gobierno mexicano, que a través de la Fiscalía federal anunció que se hacía a un lado en las pesquisas del crimen.
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