El PSOE y el PP expresaron ayer su "voluntad sincera" y disposición para negociar "a partir de mañana mismo" la renovación del Tribunal Constitucional, pero lo hicieron al tiempo que se lanzaban una nueva batería de reproches mutuos sobre quién es responsable de la situación de bloqueo actual.
El toque de atención dado el lunes por el Constitucional con la renuncia de los tres magistrados con el mandato caducado -finalmente no concretada- surgió efecto y los portavoces socialista y popular en el Congreso, Eduardo Madina y Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraron dispuestos a retomar las conversaciones que abandonaron el pasado mes de diciembre.
Lo hicieron después de que el presidente de la Cámara baja, José Bono, les emplazara a alcanzar un acuerdo antes del próximo día 30 para sustituir a los tres dimisionarios -Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- y a Roberto García Calvo, cuyo puesto está vacante desde su fallecimiento en 2008.
"Es la séptima vez que en la Junta de Portavoces les hago ver que en nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del Constitucional que nos corresponde por mandato", subrayó Bono.
El emplazamiento fue recibido por los aludidos con buenas palabras, como las de la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que dijo que su partido considera "imprescindible" la renovación del tribunal y que, por ello, "con voluntad sincera de diálogo", quiere llegar a un acuerdo con el PSOE antes del día 30, aunque adviritió de que no admitirá "vetos ni bloqueos".
Aunque con esas palabras se refería al rechazo de los socialistas a aceptar la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Poder Judicial Enrique López, que a la postre llevó al bloqueo de la negociación, eso no significa que el PP vaya a insistir en proponerle como miembro del Constitucional.
Así se desprende tanto de las palabras de la propia Sáenz de Santamaría al recalcar que su partido, de momento, no quiere hablar de nombres concretos, como sobre todo de las del coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, que ayer por la tarde expresaba su "esperanza fundada" en que haya acuerdo por cuanto, en su opinión, han desaparecido "reservas" y "cautelas" que antes lo dificultaban.
Y es que la retirada de la candidatura de López -rechazada ya en el turno de renovación que correspondió al Senado- sigue siendo la condición sine qua non para que los socialistas se avengan a un pacto, a juzgar por las palabras de Madina, que dijo que el PP "tiene que modificar lo que hasta ahora en su mano ha significado un veto".
Según Madina, los populares "han vetado durante meses y más meses la posibilidad de renovación (...) porque no les gusta una renovación que no se ajuste a lo que ellos quieren y estrictamente a lo que ellos quieren y nada más que a lo que ellos quieren".
Con palabras casi idénticas se había referido al asunto horas antes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que acusó de "falta de lealtad institucional" al PP porque, en su opinión, en un determinado momento adoptó como estrategia "o lo que yo quiero o la nada".
La portavoz popular calificó de "descabelladas" tanto estas palabras como las del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que surigiró que el PP bloquea la renovación del tribunal y de otros órganos constitucionales para que una hipotética nueva mayoría tras las próximas elecciones generales "les favorezca para negociar en mejores condiciones".
Sáenz de Santamaría, además, dijo que el episodio escenificado el lunes por el Constitucional supone "una muestra más del deterioro institucional" de España, en lo que el PSOE, subrayó es "muy responsable".
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