La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito fiscal y otro de falsedad documental contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y otros once familiares (sus cinco hijos y su hermano Jaime y sus descendientes).
Aunque todos ellos han pagado en total 200 millones de euros tras regularizar su situación fiscal de los ejercicios 2005 a 2009, Anticorrupción les ha denunciado porque la Agencia Tributaria no ha podido terminar de comprobar que las declaraciones complementarias presentadas el año pasado fueran "completas y veraces" y el próximo 30 de junio prescribían los posibles delitos cometidos por las correspondientes a 2005.
La regularización surge del requerimiento que en mayo de 2010 hizo la Agencia Tributaria a 659 contribuyentes tras ser alertada por las autoridades francesas sobre personas con fondos no declarados en la filial del HSBC en Suiza (esos datos fueron robados por un exdirectivo, lo que ha generado problemas en Francia en la persecución penal.
El origen del patrimonio en Suiza de la familia Botín, que podría superar incluso los 1.000 millones de euros a tenor de la cantidad pagada a Hacienda, se debe a la huida del padre del actual presidente del Grupo Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera.
Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López trasladó allí parte del patrimonio familiar, que ha sido administrado por una fundación incluso después de su fallecimiento.
A raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del "caso HSBC", el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar "voluntariamente" sus declaraciones del IRPF y del Impuesto del Patrimonio, según fuentes próximas a la familia.
En la vía administrativa, esa regularización no les evitará pagar una multa, que puede oscilar entre el 20 por ciento de la cantidad defraudada si se considera que la presentación de las declaraciones fue voluntaria (recargo) o un porcentaje muy superior (entre el 50 y el 150 por ciento) si Hacienda decide que hay que aplicar sanciones por no apreciar la existencia de esa voluntad.
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