huelga. El plante arruinó el puente a muchos españoles - Archivo

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Los primeros controladores aéreos en declarar ante la juez por la huelga encubierta del pasado mes de diciembre han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo por baja médica debido al estrés laboral en el que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno. De este modo, han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que provocó que AENA ordenara el cierre del espacio aéreo, que el Gobierno decretara el estado de alarma y que todo ello perjudicara a más de 600.000 personas en toda España. Por su parte, los usuarios afectados por el 'plante' han advertido de que lo ocurrido "no es algo que sale gratis", a la vez que han reclamado 16.000 euros por pasajero.

Las comparecencias se produjeron ante la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Madrid, en el marco de la investigación por los hechos acaecidos en el aeropuerto de Barajas entre los pasados tres y cuatro de diciembre, cuando más de 50 controladores decidieron abandonar de forma masiva sus puestos, provocando que AENA ordenara el cierre del espacio aéreo y que el Ejecutivo decretara el estado de alarma.

La magistrada había citado ayer a cuatro controladores, pero sólo comparecieron Ignacio B.D y Adolfina C. V. En total, deberán prestar declaración en los próximos meses 16 controladores que se enfrentan a los delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo.

El delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.

El primero en desfilar por el Juzgado fue Ignacio B.D., quien ha declarado por cerca de tres horas y se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular, según fuentes jurídicas. El imputado esgrimió que abandonó su puesto por razones psico-físicas debido al estrés producido por la tensión creada por el conflicto con el Gobierno.

Asimismo, según fuentes jurídicas, el controlador negó que estuvieran organizados, tal y como sostienen las acusaciones que aluden a la reunión que se produjo en un hotel de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, Adolfina C. V. indicó que se dio de baja por la tensión que le había creado un incidente debido a un amago de accidente entre un helicóptero y un avión. Al igual que Ignacio B.D., también negó que participara en la reunión en Torrejón.
Su abogado, Carlos Vila, dijo que el estrés que tenía a la vez se debía a la tensión que vivía el colectivo por la situación con el Ejecutivo central.