La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagrará en la Carta Magna una regla fiscal para todas las administraciones públicas, inició ayer su tramitación urgente en el Congreso, aunque el PSOE y el PP, promotores de la iniciativa, sólo consiguieron el apoyo de UPN.
La proposición de ley pactada entre los dos principales grupos sorteó el primer trámite y, tal y como se esperaba, sólo tuvo un voto en contra dentro de las filas socialistas: el del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.
Se opusieron los nacionalistas vascos y el resto de grupos minoritarios de la Cámara, mientras que los parlamentarios de CiU optaron por no pulsar el botón de las votaciones y se les computó como "ausentes", pese a que estaban dentro del hemiciclo.
También estaban en sus escaños los principales actores de este pacto: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, visiblemente cansado tras la jornada maratoniana que tuvo el lunes para explicar a sus compañeros de partido la reforma.
"Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento", señaló Zapatero en unas breves declaraciones a los periodistas al acabar la sesión plenaria.
Necesidad
Fueron los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna, cuya necesidad y urgencia justificaron.
Alonso advirtió de que, sin esta reforma, la situación "se agravaría en otoño" y se alcanzaría un estado "insostenible" que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar.
Una idea que comparte su homóloga del PP, para quien es una medida "necesaria, oportuna y responsable", que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria se convertirá en un deber y no en una opción.
Toda la oposición criticó las formas en las que se ha planteado esta iniciativa, en pleno mes de agosto y sin contar con la opinión de todo el arco parlamentario pese a tratarse de una modificación de la Carta Magna.
Muy duro fue el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que calificó de "esperpéntico" que con "nocturnidad y alevosía" se haya hecho "añicos" el consenso constitucional.
Duran Lleida avisó del "choque de trenes" que supone esta reforma y criticó la agresión que sufrirá la autonomía financiera de las comunidades.
PSOE y PP intentarán convencer a los nacionalistas catalanes para que se sumen al acuerdo, al que CiU dejó la puerta abierta al anunciar la presentación de enmiendas, al igual que hará el PNV.
Su portavoz, Josu Erkoreka, no comparte la idea de constitucionalizar la estabilidad presupuestaria, que es "funesta", y rechazó la reforma al entender que es un "atropello" a los procedimientos democráticos, ineficaz, irrespetuosa con la estructura del Estado, innecesaria y antieuropea.
Más lejos fue el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, que llamó a la rebelión a los diputados socialistas y pidió la retirada de la iniciativa, aunque, de no ser así, exigió un referéndum.
En este segundo pleno extraordinario del mes de agosto los diputados se emocionaron con la asistencia de su compañera Uxue Barkos, recibida con una calurosa ovación en su primera intervención desde la tribuna del Congreso tras ser operada de un cáncer de mama.
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