El juez del caso Palma Arena y la Fiscalía Anticorrupción continúan con el análisis de la documentación obtenida en los diversos registros efectuados recientemente en Barcelona y Valencia sobre las actividades del Instituto Nòos, que presidía Iñaki Urdangarín, sobre quien gravitan las pesquisas.
El duque de Palma, quien el sábado leyó una declaración a Efe para lamentar el perjuicio que el caso está ocasionando a la Casa Real, no ha sido todavía inculpado en la causa, ni se ha decidido su citación para tomarle declaración, si bien diversos medios periodísticos han apuntado que ambas cosas se producirán a principios de 2012.
Aunque se han conocido algunos pormenores de esta investigación, la mayor parte de ella se encuentra secreta y a disposición solo del juez, los fiscales y la policía judicial encargada del asunto, que guardan un total mutismo sobre los detalles investigados para el buen fin de la instrucción y evitar un perjuicio innecesario para las personas que solo son investigadas de momento.
El caso sobre el Instituto Nòos, que la policía ha llamado operación Babel, se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma Arena que instruye desde hace años el juez José Castro en torno a numerosos casos de supuesta corrupción detectados durante el gobierno balear de Jaume Matas.
El 22 de julio de 2010, el juez abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nòos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín.
Mientras la investigación avanzaba, y se incrementaban los rumores sobre la relación con el caso de Iñaki Urdangarín, el pasado 2 de junio el juez Castro tomó declaración como imputado al exvicepresidente del Instituto Nòos, Diego Torres, quien defendió la legalidad de los convenios firmados por el Govern.
El 8 de noviembre estalló definitivamente el escándalo.
Ese día el fiscal anticorrupción de Balears, Pedro Horrach, dirigió el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona.
La Policía también registró el domicilio de Diego Torres y recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.
La Generalitat Valenciana tenía firmados dos convenios con el Instituto Nòos por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.
A través de los autos de registros de Barcelona, se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nòos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.
Según reflejaba el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.
Urdangarín entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.
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