El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, interrogará como imputado al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por todos los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos", tanto en el ámbito de la comunidad de Baleares como en la de Valencia, así como por el "destino y tratamiento fiscal" que les hubiera dado.
Así consta en el auto dictado por el juez en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres; y a otras siete personas en la causa en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
En la resolución, en la que acuerda levantar el secreto del sumario que había decretado el 4 de agosto pasado, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas", así como la relación de personas que "han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos".
El auto, que puede ser recurrido en apelación en un plazo de tres días, fija la declaración como imputado del yerno del Rey para el próximo 6 de febrero a partir de las 9.00 horas aunque le ofrece la posibilidad de solicitar "un adelanto de la convocatoria" si lo considera conveniente. También están citados a declarar el próximo 5 de enero, a partir de las 9.30 horas, los también imputados Diego Torres Pérez; Ana María Tejeiro Losada, Marco Antonio Tejeiro Losada y Miguel Tejeiro Losada, Salvador Trinxet Llorca. El 25 de enero, a partir de las 9.00 horas, será el turno de José Luis Ballester Tuliesa, Gonzalo Bernal García y Juan Carlos Alía Pino.
OBLIGADO A DECLARAR
El juez recuerda al Duque de Palma que, si no compareciera ni justificara "causa legítima" para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en "una orden de detención".
También indica que, al no constar "domicilio propio en España" del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante "diligencia telefónica" al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada "a través de los medios" de comunicación.
De esta forma, el convocado podrá "personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio". También le recuerda que, tal y como contempla la legislación, podrá "declarar cuantas veces quisiere", de forma que le podría tomar declaración "inmediatamente" en función de "la disponibilidad de este Juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas".
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