El Gobierno de Mariano Rajoy tiene como prioridad cumplir con la cifra de déficit exigida por la Unión Europea y ya está poniendo todas las bases para que las comunidades no lastren ese objetivo.
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que se modificarán las leyes para poder exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo fijado en los presupuestos. Una medida que, según confirmó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, ya se comunicó a las comunidades durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes.
"Lo esencial son dos cosas: -decía Beteta- que el gasto público tiene que disminuir y que, si es preciso, se dictarán leyes de carácter básico para que no puedan irse a métodos de elusión de controles administrativos y de reducción del déficit".
Unas nuevas leyes sobre las que arrojaba un poco más de luz Cristóbal Montoro. El titular de Hacienda decía un día después en Cadena SER que el Gobierno estaría dispuesto a cambiar la legislación para exigir responsabilidades penales a todos aquellos que no cumplan con el techo de gasto exigido en los presupuestos.
"Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en los presupuestos", señalaba Montoro en la entrevista recogida por Europa Press. Se trata, por tanto, de una cuestión de justicia, pues, a su entender, los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deberían afrontar las mismas responsabilidades que los gestores privados que cometen igual delito.
Desde su punto de vista, si una comunidad quiere gastar más de lo que le exige el Gobierno puede hacerlo, pero buscando ingresos adicionales, no recurriendo a nuevas deudas que difícilmente podrán devolver.
"Que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora", remató.
Sus declaraciones provocaron un gran revuelo, algo por lo que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se mostró sorprendido. El portavoz recordó que esta medida era un compromiso adquirido por su partido durante la campaña electoral.
"Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos, sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asuman gastos sin respaldo presupuestario", explicó. Esa posibilidad exigiría un cambio del Código Penal, ya que, como recordó, "no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca" dicho Código.
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