"Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad". Así se manifestó ayer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al ejercer su derecho a la última palabra durante la vista por las escuchas a los imputados de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. Los abogados de la acusación, que no busca una condena "represiva" y "ejemplar" del magistrado, señalaron que persiguen la definición de unos límites que demuestren que "el fin no justifica los medios". Por ello aseguraron sentirse "completamente vigilados" en un "Estado policial" y que el juez se convirtió en "una suerte de Gran Hermano" que todo lo escuchó.
El juicio del juez Baltasar Garzón ha quedado visto para sentencia después de que el magistrado ejerciera su derecho a la última palabra y negara que le guiara una "razón de Estado" en su actuación, por la que se enfrenta a penas de inhabilitación de entre diez y diecisiete años.
Así, sin su toga y siguiendo con la afonía que sufre desde el inicio de esta semana, el juez recordó que hacía uso de la palabra porque será la última vez que pueda hacerlo "ante un tribunal de justicia español en este caso". Para ello cumplió con la petición del presidente del tribunal, Joaquín Giménez, de ser breve en su intervención.
"Soy juez central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional y llevo en ese juzgado 23 años de los 31 que formo parte de la carrera judicial", manifestó Garzón al inicio de su turno.
"En la competencia" que le da ese cargo, el magistrado señaló que asume todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas " reflexivamente en y en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas nacionales y también de los convenios internacionales en los que España es parte ".
Seguidamente, el magistrado precisó que el juez es quien tiene encomendada la protección del derecho de defensa y que en este caso "en ningún momento se violentó ni se lesionó", sino que por el contrario se "defendió" dicho derecho "con apego a la ley e intentando conciliar los derechos fundamentales en juego".
La prueba más palpable de ello, según Garzón, es la cláusula que introdujo en los autos señalando expresamente que el derecho de defensa debía ser preservado, así como el auto que dictó unos días más tarde, el 27 de marzo de 2009, para expurgar de las transcripciones aquellos fragmentos que pudieran afectarlo.
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