El Ejecutivo ha puesto techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del FROB y a las que han tenido que ser intervenidas. En concreto, el sueldo de la cúpula no podrá superar los 600.000 euros en el primer caso y los 300.000 en el segundo. Asimismo, el Consejo de Ministros acordó ayer dotar con hasta 15.000 euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda.
"Razonable". Así es como el ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó el techo máximo que el Gobierno ha establecido este viernes en el Consejo de Ministros a los emolumentos de las entidades que hayan recibido ayudas públicas y a las intervenidas. La decisión ha sido tomada tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España.
El Ejecutivo ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en el caso de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75 por ciento, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
En el caso de las entidades con créditos públicos, queda asimismo suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Además, los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
De este modo, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 65 y el 67 por ciento con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
Aún mayor será el descenso en el caso de las entidades intervenidas, en las que su cúpula verá limitado su sueldo a 300.000 euros, tal y como anunció ayer De Guindos.
El personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76 por ciento en el caso de los presidentes y del 66 por ciento en el de los consejeros. Asimismo, el Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estas limitaciones de sueldo se fijan en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".
Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que exige, entre otras decisiones, una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos mobiliarios.
Además, el informe presentado por el Banco de España ha puesto de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo".
El ministro de Economía subrayó que el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez era responsable de la vigilancia de esta directiva y que el instituto emisor está facultado para limitar el total de los emolumentos cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital.
De Guindos tildó de "lógica" la decisión, que, a su juicio, se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad". Además, el ministro reconoció que se trata de una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.
El Gobierno aseguró que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero considera, junto al Banco de España, que es adecuad que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad.
La otra gran medida adoptada ayer viernes en el Consejo de Ministros fue la de dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda.
La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
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