El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado el decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que el Gobierno prevé ahorrar más de 7.000 millones de euros, pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN.
De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto han criticado a la ministra del ramo, Ana Mato, por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se ha opuesto el Grupo Popular.
Durante la intervención, la ministra ha destacado que con este paquete de medidas se garantiza que la sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan".
Todo ello, ha añadido, "manteniendo el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria", pese a reconocer que con algunas de las medidas implantadas "se piden esfuerzos importantes a la población".En este sentido, Mato ha recordado que el paquete de medidas incorpora un nuevo sistema de copago de los medicamentos, que ahora será variable según la renta de modo que "paguen más los que más tienen y menos o nada los ciudadanos con menos recursos".De este modo, los trabajadores activos pagarán hasta un 50 ó 60 por ciento por sus medicinas en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, pagarán un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros mensuales según su renta.
Además, y como ha destacado Mato, por primera vez los parados de larga duración no tendrán que pagar por sus medicinas.
Otra de las novedades impulsadas es la introducción del concepto de asegurado al hablar de los beneficiarios de la sanidad pública, y la modificación de las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria a fin de combatir el llamado turismo sanitario. En este sentido, la ministra ha asegurado que "nadie quedará desatendido", tampoco los inmigrantes irregulares o 'sin papeles', a quienes ha asegurado que "se seguirá atendiendo en urgencias".
Tras esta reforma, que según Mato cuenta con el apoyo de todas las comunidades, ha avanzado su "siguiente reto" es culminar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales con los grupos políticos, similar al Pacto de Toledo en materia de pensiones, a fin de "dejar a la sanidad fuera debate político".
NO AL PACTO DE ESTADO
Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista y exsecretario general de Sanidad con el anterior Gobierno, José Martínez Olmos, ha advertido a la ministra de que "no vuelva a hablar de pacto" después de haberse negado a tramitar esta reforma como proyecto de ley y haber rechazado la "oferta de diálogo" de su grupo.
"Es un día triste para el Estado de bienestar", ha aseverado este diputado, criticando al Gobierno por hacer una "chapuza jurídica" con la que "se cambia el modelo sanitario, se recortan las prestaciones y se excluyen a determinados colectivos".
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