Sanidad ha propuesto que los inmigrantes en situación irregular que queden sin cobertura sanitaria a partir del 1 de septiembre, establezcan convenios especiales de asistencia sanitaria, que supondrían pagar una cuota. El PP declaró que la medida tiene como objetivo que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal" e invitó a los 'sin papeles' a "volver a sus países".
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los inmigrantes sin papeles, que desde el próximo 1 de septiembre se quedarán sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la sanidad pública mediante convenios.
Según explica Sanidad, se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto. Esta norma establece que las personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.
Según publicó ayer el diario 'El País', en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron únicamente que "la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos". El documento de trabajo ya ha sido enviado a las comunidades autónomas para que realicen las alegaciones correspondientes.
La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular.
Entretanto el PP, que ha auspiciado la medida, dijo a través del portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando, que el objetivo es que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal".
Hernando señaló que "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente en España. Este país no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la UE y en esto coincido con algunas reflexiones que hicieron en el seno del anterior gobierno", reflexionó.
En su opinión, "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países. Dicho esto, ninguna persona que esté en nuestro país, sea inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de urgencia y eso es muy importante", apostilló.
Hernando considera que España debe tender a lo que sucede en otros países de la UE, como Alemania, "donde cualquier inmigrante que llegue a ese país sea legal o ilegal y no tenga la tarjeta sanitaria europea tiene que contratar un seguro médico".
Las reacciones no se hicieron esperar y la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, se mostró "absolutamente en contra". De hecho, la socialista aseguró que la sociedad "no va a tolerar el déficit moral" y la presión va a conseguir que el Gobierno rectifique".
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