La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la puesta en libertad condicional de Josu Uribetxeberria Bolinaga, al considerar que "padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de peligro patente para su vida". Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha defendido la decisión de Interior de conceder el tercer grado al etarra ya que éste cumplió la ley, mientras que la libertad condicional del juez Castro no lo hace.
En un escrito registrado ayer, el fiscal Pedro Rubira solicita que el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el juez Fernando Grande-Marlaska, acuerde la "nulidad de las actuaciones" adoptadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, por la "importancia", "complejidad" y "repercusión" que presenta este asunto.
Por su parte, Grande-Marlaska ha renunciado a su potestad de pedir al Pleno que se revise la decisión tomada por Castro, de conceder la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara y se atendrá a la decisión que tome la mayoría de sus compañeros.
La decisión de Marlaska de no pronunciarse provoca que la revisión de la libertad condicional de Bolinaga por parte del Pleno dependa de la solicitud de 10 de los 18 jueces que componen la Sala en este caso.
En su escrito, Rubira argumenta que la situación del enfermo hace "inaplicable" el artículo 92.3 del Código Penal, que autoriza la concesión de la libertad condicional a "enfermos muy graves con padecimientos incurables".
Al no concurrir esta circunstancia, para la Fiscalía resulta "imprescindible" para la excarcelación que el etarra hubiera formulado una "declaración de arrepentimiento".
En el recurso, el fiscal recuerda el informe de la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, que señalaba que el etarra no se encontraba en situación "terminal" y podría ser tratado por los servicios médicos de la cárcel de Zaballa (Álava).
El segundo argumento es que Castro "vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva originando indefensión", al no haber notificado al Ministerio Fiscal "las diligencias finales ejecutadas por el órgano judicial", en referencia a la visita al Hospital Donostia que el juez hizo el 28 de agosto.
"Esta falta de notificación al Ministerio Fiscal en este caso es de suma gravedad, por cuanto afecta no sólo a aspectos procesales sino también a aspectos sustantivas de la propia concesión de la libertad condicional", señala Rubira.
El fiscal también aprovecha su informe para justificar por qué no recurrió la concesión del tercer grado.
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