El Ministerio de Interior no se plantea modificar el derecho de manifestación

La respuesta por parte del Ministerio del Interior se produce un día después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, plantease modular el derecho de reunión y manifestación debido al gran número de actos de protesta que se han celebrado en la capital de España en lo que va de año. Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta iniciativa, aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido varias manifestaciones.

También recuerdan que en algunos casos, cuando la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado algunas manifestaciones, su decisión ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que finalmente las ha autorizado. Otras fuentes gubernamentales indicaron, tras insistir en que no habrá cambios en la regulación del derecho de manifestación, que sin embargo sí es necesario introducir cambios legales para endurecer la respuesta a aquellos que infringen las normas.

Fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática. En los desayunos informativos de Europa Press, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".

El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.

Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".

Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.

Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.

Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho".