El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendió ayer una reforma de la ley hipotecaria, tras admitir que la actual normativa está produciendo "disfunciones" por el elevado número de desahucios ordenados y el impacto social que comportan.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió también una reforma legislativa para regular los desahucios hipotecarios y que los jueces tengan un mayor "margen de maniobra" para valorar los casos de forma individual.
Los jueces deberían tener un margen de maniobra superior al que tienen ahora porque actualmente "se ven forzados muchas veces a aplicar la norma sin ponderar las circunstancias individuales", indicó Gallardón.
"Creo que hay que aumentar ese margen de discreción, no absoluto, pero sí dentro de unos límites, para que el juez pueda ponderar, en cada caso concreto, si puede flexibilizarse la exigencia de cumplimiento de las obligaciones hipotecarias", manifestó en una visita a Castelldefels.
El ministro de Justicia abogó por una reforma legislativa para hacer frente a la problemática de los desahucios para la cual habría que "hacerlo de común acuerdo con cuántos más grupos, mejor, pero de forma muy importante con el principal grupo de la oposición".
En este sentido, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, instó a reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios.
Con la legislación actual se ha constatado un aumento de desahucios y los juzgados civiles no tienen más remedio que basarse en ella, aseguró de Rosa, tras la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España.
En las jornadas participan 46 jueces decanos que durante tres días harán diversas sesiones de trabajo en las que hablarán de los temas que más les afectan como responsables de los partidos judiciales como la nueva oficina judicial, los tribunales de instancia, las sustituciones o la convocatoria de oposiciones.
Según de Rosa, las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su "problemática social" se presentarán después al Ministerio de Justicia , Congreso y Senado.
El responsable socialista de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, instó al Gobierno a negociar su proposición de ley contra los desahucios. De hecho, urge al Ejecutivo a "encerrarse en una habitación" junto al principal partido de la oposición "y no salir hasta que se haya redactado un texto definitivo, porque la gente necesita soluciones inmediatas".
El proyecto de ley establece la puesta en marcha de nuevas condiciones para que las familias puedan hacer frente al pago de su deuda a través de una negociación con la entidad o la 'dación en pago' con la posibilidad de continuar con el uso de la vivienda familiar a través del abono de un arrendamiento social que, en ningún caso, podrá exceder a un tercio de los ingresos totales de la familia.
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